Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
En el último año del presidente José López Portillo causó
risa en la opinión pública nacional cuando en su último informe de gobierno
pidió perdón a los pobres por no haber logrado sacarlos de la pobreza y hasta
derramó una furtiva lágrima. Indudablemente nadie se la creyó porque su régimen
estuvo marcado por la corrupción y la impunidad.
Sorprendentemente el pasado lunes durante un evento celebrado
en Palacio Nacional luego de haber promulgado el Presidente Enrique Peña Nieto
las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción refiriéndose al escándalo
público en que se vio involucrado él y su familia por la casa blanca hace dos
años pidió perdón a todos aquellos que se habían sentido ofendidos por no dar
una clara explicación de cómo fue adquirido este inmueble. Aceptó que fue un
error de la manera como se investigó el caso y por tal motivo aceptaba su
responsabilidad pues habría provocado el agravio a su familia, a la institución
presidencial y la desconfianza de los
ciudadanos a su persona.
En el mismo sentido crítico el Jefe del Poder Ejecutivo
Federal aceptó que con el Sistema Nacional Anticorrupción y sus 7 leyes
reglamentarias en las cuales participaron activamente la sociedad civil y
académicos se tiene un instrumento legal para combatir a fondo lo que ha
lacerado a nuestro país durante décadas. Acotó: solo que éste instrumento en
contra de la corrupción seguirá siendo un simple escrito si no se dan resultados
y así recuperar la confianza de los ciudadanos.
Como lo han comentado diversos prestigiados analistas, el
actual Sistema Nacional Anticorrupción y sus leyes reglamentarias no habrían sido
posibles sin la denuncia pública de reportaje de investigación de la casa
blanca que divulgó el noticiero conducido por la periodista Carmen
Aristegui.
A partir de este reportaje de investigación se vinieron en
cascada otros más en donde se involucraba al Secretario de Hacienda, las
trapacerías del ex gobernador panista de
Sonora, Guillermo Padrés Elías, el saqueo descarado y sínico de las arcas estatales de
los gobernadores priístas de Chihuahua, Cesar Duarte, del gobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y el de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
A lo anterior agreguemos que la irritación popular en contra
de la corrupción y la impunidad tuvo su máxima expresión en los comicios del 5
de junio pasado cuando el PRI perdió 7 gubernaturas. De esta manera la
ciudadanía le pasó factura al Gobierno Federal y a su partido, además de una
sociedad civil movilizada para obligar al Congreso de la Unión a la aprobación
del mencionado sistema anticorrupción.
En efecto la actitud autocrítica del presidente Peña Nieto es
un gran paso en la cruzada anticorrupción a condición que en los próximos meses
arriben al aparato fiscalizador personajes de buena fama pública, que actúen con
autonomía en sus decisiones y que lleven ante los distintos aparatos de
justicia a servidores públicos que utilizan impúdicamente el poder para
enriquecer su patrimonio famliar. La sociedad exige hechos, no palabras ni
expiación de culpas…
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