Las causales
del agio son de origen social, esto es, el desempleo, la falta de créditos a
productores del campo, a las condiciones de pobreza en las zonas urbanas y en
la creciente pauperización de la clase media.
En el campo,
la situación de los productores es cada día peor. A falta de créditos oportunos
y baratos para cultivar sus tierras, los campesinos recurren a los agiotistas
en busca de préstamos a los que tienen que pagar intereses que oscilan del 6 al
10% mensual.
Como las
autoridades estatales y federales hasta hoy son incompetentes para asegurar la comercialización
oportuna de los productos agrícolas a buenos precios, el productor se endeude
más tiempo con el prestamista, a tal grado que al obtener su liquidación solo
le alcanza para cubrir sus deudas.
Esta práctica
recurrente en cada ciclo agrícola trae consigo el rentismo, la venta de la
parcela, el éxodo de su población a las grandes ciudades o a los Estados Unidos
en busca de empleo y al no encontrarlo entonces se incrementa la violencia en
las calles y el hacinamiento en las colonias populares que demandan vivienda y
servicios públicos.
Si los 3
niveles de gobierno atendieran las causas económicas que generan el agio
entonces no tendríamos sus efectos colaterales arriba señalados.
Así, pues,
la mejor manera de combatir esa práctica leonina es elevar la productividad en
el campo mediante una banca de desarrollo estatal; buenos canales de comercialización
en el mercado nacional y extranjero y ofrecer mayor oferta educativa en las
zonas rurales de nuestra entidad.
De nada
sirve castigar con severidad los actos delictivos sino mejoramos el entorno
social y sobre todo, el combate a la corrupción e impunidad que merodea en las
instituciones de procuración y administración de la justicia.
Casos emblemáticos
de esta impunidad la podemos observar en la banca privada. Si bien no cobran
intereses por arriba de los permitidos por la ley, ésta misma los protege para
cobrar intereses sobre intereses, lo que técnicamente se denomina como
anatocismo. Si el usuario de crédito entra en morosidad porque perdió su empleo o por
cuestiones de salud tiene que pasar un viacrucis legal para no perder la
totalidad de sus bienes. A los banqueros no se les toca ni con el pétalo de una
rosa. Ellos sí pueden robar al amparo de la ley.
Igualmente ésta
misma práctica de rapiña la utilizan las grandes cadenas comerciales como
Wal-Mart, Ley, Soriana, Electra, Salinas y Rocha y otras más, que con el
señuelo de ofrecer tarjetas de créditos disque con bajos intereses endeudan a
sus clientes por años debido a que su deuda inicial se incrementó hasta el
150%. Y más aun, si el cliente dejó un adeudo de 100 pesos es suficiente para que
su nombre sea boletinado como cliente moroso en todas las instituciones de crédito
privado. No solo lo exhiben sino que lo tratan como delincuente.
Es tal su voracidad
que para encubrir sus negocios crean Fundaciones de carácter filantrópico, pero
que en el fondo es una de sus tantas triquiñuelas legales para eludir impuestos.
Ojalá y
nuestros próximos diputados y senadores legislen en contra del anatocismo que
engorda los bolsillos de voraces banqueros.
