Por Francisco Cruz Angulo
El secretario de la Contraloría General del Estado de Nayarit Roy Rubio
Salazar anunció que por instrucciones
del Gobernador del Estado se instalarán módulos anticorrupción – uno en el
anillo central de Palacio de Gobierno- con el fin de que los ciudadanos
denuncien a los malos servidores públicos que incurren en actos ilícitos en las
áreas de su competencia. La iniciativa no es mala idea siempre y cuando ofrezca
resultados tangibles a corto y mediano plazo.
Sin embargo podrían ser las bases de la comisión o Fiscalía Nacional Anticorrupción que
actualmente se analiza y debate en comisiones de la Cámara de Senadores del
Congreso de la Unión como una propuesta de gobierno de Peña Nieto incorporada
en el “Pacto por México”.
No obstante que los tres partidos mayoritarios PRI, PAN y PRD
coinciden en combatir la corrupción gubernamental que tanto daño hace a
nuestras instituciones, la confrontación de opiniones está centrada en el cómo,
es decir, los instrumentos legales para aterrizarlas.
El partido gobernante (PRI) es de la idea de crear una
Comisión Nacional Anticorrupción, autónoma, integrada por cinco ciudadanos
propuestos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Congreso de la Unión.
Sus investigaciones serían vinculatorias a la Procuraduría
General de la República para que esta, a su vez las someta a proceso penal
cuando haya lugar ante un juez.
En cambio tanto el Acción Nacional como el PRD son de la idea
que debe ser una Fiscalía Nacional, autónoma con amplias facultades
constitucionales para procesar a quienes cometan actos de corrupción pública.
Esto quiere decir que esa fiscalía nacional no dependa de la
Procuraduría General de la República que, en los hechos es una dependencia del Ejecutivo
Federal.
Además esta fiscalía estaría bajo la responsabilidad de un
solo mando, no colegiada, con el propósito de que su titular asuma plena responsabilidad
en sus acciones.
En esta discusión está el estire y afloja de las tres
bancadas en el Senado de la República, lo cual no es nada menor porque se trata
de quitar el conflicto de intereses que se genera cuando su actuación es de
juez y parte.
De concretarse esta figura totalmente autónoma del Poder
Ejecutivo tendríamos un fuerte contrapeso en todas las entidades de la
República en materia de combate a la corrupción
pública.
Hasta hoy cualquier intensión de combatir la corrupción pública
desde el poder es una tomadura de pelo a los ciudadanos. Es casi improbable que
un miembro del gabinete sea sancionado por otro de sus pares, sobre todo cuando
está en juego cuantiosos recursos públicos, ya que todos se protegen porque
forman parte de una red de corrupción y complicidades en donde todos se llevan
su tajada. Y si se trata de un amigo personal del Gobernador o del titular de
los otros dos poderes existirán menos posibilidades de que sean procesados
penalmente.
Allí está como testimonio permanente los dos últimos sexenios
gubernamentales donde los amigos del Gobernador en turno desviaron
descaradamente recursos públicos a su chequera personal o incrementaron en seis
años su patrimonio familiar. Incluso los dos ex gobernadores cometieron ilícitos denunciados por el Órgano Superior
de Fiscalización y no pasó nada; todo fue borrón y cuenta nueva. En cambio para
limpiarse las manos la actual administración estatal investiga peces flacos que
comparados a lo que se robaron los peces gordos son una vacilada.
El combate a la corrupción de los servidores públicos de los
tres niveles de gobierno debe ir dirigido a los de “arriba” que tienen fácil
acceso a las chequeras oficiales y saben cómo torcer la Ley a su conveniencia.
¿Alguien cree que una Comisión Anticorrupción dependiente de
las procuradurías estatales investigará y meterá a la cárcel a un gobernador o
a un alto funcionario de los otros dos poderes cuando está implicado en actos
de evidente corrupción pública? Primero correrán a todos los miembros de dicha
Comisión, por “pendejos” que no entendieron las reglas no escritas del sistema.
