Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
En política electoral no existen casualidades sobre todo
cuando el candidato a la presidencia de la república del partido gobernante
ocupa un lejano lugar respecto al que hoy ocupa el primer lugar en las
preferencias electorales.
Viene a cuento lo anterior por la preocupación mostrada por
el líder de la XXXII Legislatura, Dip. Leopoldo Domínguez cuando se interrogó
sobre la inexplicable respuesta de apoyo de la Policía Federal solicitada al
Jefe del Poder Ejecutivo Federal de coadyuvar al combate de la violencia de los
criminales de la droga hoy desbordada en 4 municipios del estado.
El disimulo del Ejecutivo Federal no es casual. Nayarit es
uno de los estados de la república que forman parte de la estructura
territorial del candidato de la coalición “Por México al Frente” cuyo candidato
presidencial es nada menos que Ricardo Anaya, el mismo que prometió públicamente
que de ganar la silla presidencial meterá a la cárcel a Enrique Peña Nieto y a
sus cómplices una vez que se les compruebe sus corruptelas.
Antes de esos encontronazos entre el candidato presidencial
panista y la Procuraduría General de la
República (PGR) por las imputaciones de presunto lavado de dinero, el Consejo de
Seguridad Nacional anunció que Nayarit estaba tomado en cuenta en el Plan de
Combate a la delincuencia “Escudo Titán” a donde destacamentarían a un millar
de policías federales.
Todo quedó en el papel luego de las airadas amenazas de
Ricardo Anaya en contra de Enrique Peña Nieto…
Intensiones
perversas.-Esta política ni veo ni escucho respecto al desborde de la
violencia del crimen organizado en todo el país es probable que sea parte de
una estrategia electoral ante el inminente
triunfo de un candidato de la oposición. ¿Cómo impedirlo? No creo que
esté en la mente del presidente urdir un asesinato de estado como el ocurrido a
Luis Donaldo Colosio.
¿Por qué no dejar hacer, dejar pasar a los grupos delincuenciales
que operan en aquellas entidades gobernadas por la oposición? En otras palabras
que a falta de seguridad pública no solo se podría optar por la inhibición del
voto sino que hagan pagar su factura el día de los comicios a los gobiernos estatales
de oposición al PRI.
Evidentemente a quien más le conviene exacerbar el miedo entre la población es a la
alianza encabezada por el PRI-gobierno. Entre menos salgan a votar los
ciudadanos a las urnas crecen las probabilidades de una victoria –aunque sea pírrica-
del tricolor.
Así pues, en los próximos tres meses de competencia electoral
veremos cómo el gobierno de Peña Nieto
utilizará discrecionalmente a las instituciones del estado y enormes recursos
financieros para favorecer la campaña de su candidato presidencial José Antonio
Meade y, en cambio a las entidades de la república gobernadas por la oposición les
regateará apoyo económico para resolver conflictos sociales y, por supuesto se
hará de la vista gorda a la solicitud de apoyo policial para combatir la
violencia del crimen organizado.
Durante este tiempo de campaña electoral las entidades
gobernadas por la oposición tendrán que rascarse con sus propias uñas.
Es más, son tantos los intereses económicos y posiciones de poder
que están en juego en la sucesión presidencial que el mismo gobierno de Peña
Nieto podría estar tentado a desbarrancar los comicios del primero de julio. Será
un momento crucial en el futuro de la Nación por lo que los partidos de oposición
y la sociedad civil organizada deben ser garante de que se respete la voluntad
popular expresada en las urnas.
Que no se despierte el México bronco…
