Como es del dominio público, la semana pasada un grupo de sicarios allegados al cartel del chapo Guzmán arrojó en pleno centro de la Ciudad de Boca del Rio, Veracruz a 35 personas entre mujeres, jóvenes y adolescentes totalmente masacrados. Según los ejecutores los habían ajusticiado porque se dedicaban al robo, secuestro y asaltos a mano armada en contra de la población.
Lo grave de este suceso fue la razón inicial del Gobernador del Estado y su Procurador de Justicia quienes en menos que canta un gallo señalaron, casi complacientes, que los asesinados tenían cuentas pendientes con la justicia, lo que se interpretó en la opinión pública que el mandatario veracruzano lo interpretó como una ejecución de limpieza hecha por los “sicarios buenos”.
Tal fue el escándalo de estas declaraciones que la Secretaría de Gobernación aclaró que no hay ni buenos ni malos criminales, y que no tolerará el Gobierno Federal que grupos armados se atribuyan hacer justicia por su propia mano ya que el Estado combatirá a todos los grupos que actúen fuera de la ley.
Desde otra trinchera, el Senador del Partido del Trabajo, Ricardo Monrreal, ex Gobernador de Zacatecas fue más allá en su apreciación y denunció que son grupos paramilitares o escuadrones de la muerte los que están operando en Estados del norte de nuestro país en complacencia o haciéndose de la vista gorda las autoridades competentes para que esos grupos armados operen en plena luz del día.
En efecto, tal denuncia del Legislador petista nos hizo recordar las famosas “brigadas blancas” de ajusticiamiento que hacían tareas de limpieza armada en contra de las guerrillas rurales y urbanas comandadas en la década de los 70´s por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas que operaban en las sierras de Morelos y Veracruz. Una década después fue documentado que en dichas brigadas de ajusticiamiento y que actuaban al margen de la ley participaban destacados miembros de las fuerzas armadas de nuestro país.
De documentar el Senador Ricardo Monrreal de que existe cierta complicidad entre los aparatos judiciales y militares con estos nuevos grupos armados de aniquilación que empiezan a actuar en nuestro país entraríamos a una nueva vorágine de violencia armada y muerte que ahondaría aún más la crisis en la seguridad pública de nuestro país.
A Colombia le costó décadas de años de dolor, sangre y lágrimas para aniquilar a los grupos paramilitares disque surgieron en aquella Nación para “salvarlos” de las bandas del crimen organizado y del narcotráfico. Que las autoridades federales aprendan la elección de que en ocasiones sale más caro la medicina que la enfermedad.
