Ahora es
necesario echar una mirada a la actividad parlamentaria de la Trigésima
legislatura Estatal, cuyo responsable es el Dip. Armando García Jiménez,
Presidente de la Comisión del Gobierno Legislativo y líder de la mayoritaria
bancada priista.
De acuerdo a
su informe de labores presentado en días pasados ante el pleno de esa
Legislatura, enumeró buenas cuentas. Veamos su numerología de trabajo y tomando
como referente el Plan de Desarrollo Institucional que es la brújula de esa representación
popular.
Durante el
período de sesiones, 64 han sido ordinarias y 4 de la Comisión Permanente;
fueron celebradas 88 reuniones de trabajo en las diversas comisiones
legislativas.
En estos periodos ordinarios de sesiones se presentaron,
analizaron, debatieron y aprobaron 137 iniciativas de Ley; de estas provinieron
del mismo Congreso el 55%.
De todas
esas iniciativas se aprobaron 24 nuevas Leyes; se hicieron 35 reformas; 24
decretos y 52 acuerdos parlamentarios.
Cabe destacar
que en su mayoría fueron aprobadas por unanimidad, lo que es un buen indicador
que existe al interior de esa soberanía popular un ambiente de diálogo, respeto
a la pluralidad y concertación política para consensuar acuerdos.
Entre las
leyes y reformas que allí se aprobaron, es importante señalar la reforma
constitucional en materia de Derechos Humanos al otorgársele más facultades a
la Comisión Estatal para que profundice en la investigación de quienes atentan en contra de sus derechos
garantizados en nuestra Constitución.
Otra importante
reforma al Código Penal de Nayarit tiene que ver con castigar más severamente al
narcomenudeo que, como se sabe, es la infraestructura económica de la
delincuencia organizada.
El combate a
la usura fue otra de las reformas al Código Penal en el cual se castiga con más
años de cárcel a los agiotistas, que tanto en el campo como en la ciudad operan
en la clandestinidad y evadiendo el fisco, así como despojando de sus bienes a
quienes caen en sus garras debido a los altísimos intereses que cobran por la obtención
de préstamos en efectivo.
La adecuación
a la Ley de Educación que concitó un gran debate fue la de Seguridad Integral
Escolar. En esta adecuación se tomaron medidas preventivas para evitar el acoso
a niños y niñas (bullying) y se obliga a que los escolapios reciban educación sexual
para prevenir el abuso sexual, embarazos no deseados, aborto o enfermedades venéreas.
Esta adecuación a la Ley de Educación es de una gran relevancia en materia de política
de salud pública.
Otra reforma
de gran trascendencia es, sin duda alguna, la Ley de Transparencia y de Acceso a
la Información Pública. En esta reforma se obliga a que todos los ayuntamientos
y dependencias del Gobierno Estatal mantengan actualizadas sus páginas web so pena
de ser sancionados. Esta Ley obliga y sanciona, por lo que ya no se deja al
libre arbitrio de burócratas irresponsables. Por supuesto, es un gran paso en
contra de la opacidad en el manejo de los recursos públicos.
No obstante
este buen desempeño de la XXX Legislatura, hay por delante grandes retos a
encarar y que seguramente serán motivo de intensos debates. Entre otros: 1.-La reglamentación
de la Ley de Participación Ciudadana en lo referente al plebiscito, referéndum,
iniciativa popular y el análisis y el debate para agregar a los derechos
ciudadanos la revocación de mandato que por voz del diputado priista, Saúl
Paredes dice estar dispuesto a promoverlo en su bancada. En tanto no se reglamenten
estas figuras de Participación Ciudadana seguirá siendo una Ley muerta.
2.-Otra es
la Ley Agraria. Se ha consultado mucho esta Ley en diversos foros, pero hasta hoy no hay nada claro.
3.- ¿Qué
pasó con la reforma en materia de Derechos Humanos en la cual se permitirá la muerte asistida cuando un
enfermo en estado terminal decida por propia voluntad ya no prolongar más su
agonía?
4.-Está
pendiente el análisis y la aprobación de la Ley Federal de Trata de Blancas; la
Ley General de Protección a victimas del
Crimen Organizado y al Reforma Electoral que legaliza las candidaturas independientes,
todas ellas aprobadas por el Congreso de la Unión de manera que a mediano plazo
suban a rango constitucional.
Respecto a
la política de comunicación de ese Poder
Legislativo ha sido eficiente y respetuoso de la Libertad de Expresión de manera que la prensa y el Gobierno Legislativo
sean corresponsables de hacer efectivo el derecho a la información para todos
los nayaritas, respetando su pluralidad política e ideológica.
