Por
Francisco Cruz Angulo
Ningún
interés por poderoso que sea estará por encima del interés del país, severa
advertencia del Jefe del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto expresado
pocas horas después de que un juez del Distrito Federal dictara formal prisión a
la Profra. Elba Esther Gordillo y a dos de sus secuaces que triangulaban los
fondos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a las
cuentas bancarias personales de la ex lideresa de ese sindicato. Los presuntos
delitos por los que serán procesados son lavado de dinero y delincuencia
organizada.
En una
investigación que realizó el periódico “Milenio” da cuenta que la Profra.
Gordillo compró residencias y terrenos en Miami en zonas exclusivas para
millonarios. Seguramente estos bienes comprados con las cuotas de los
trabajadores formarán parte del expediente.
Como lo
señalé en una columna anterior de que habría de esperar cual sería la respuesta
legal y política de la otrora poderosa líder sindical. Ya conocemos la
respuesta de su gremio. No hubo movilizaciones o paro laboral en las secciones
sindicales para defender a su presidenta vitalicia. Al contrario su lugar fue
ocupado de inmediato por el Profr. Juan Díaz de la Torre. Solo le mereció un escueto comunicado
dirigido a la Secretaría de Gobernación y al Procurador General de la República
a quienes demandan un debido proceso, respeto a sus derechos humanos ya que se
le juzgue bajo la presunción de inocencia.
En la
cuestión legal sus abogados defensores, luego que fue dictada la formal prisión
a su clienta, simplemente dijeron que por el momento no tenían una estrategia
para la defensa de la maestra.
Elba Esther
pecó de exceso de arrogancia. Tal vez pensó que nadie se atrevería a tocarla
asustando con el petate del muerto, es decir, que bastaría una señal de ella
para paralizar a todo el sistema educativo nacional. No ocurrió así. Los
trabajadores de la educación la dejaron sola, aún aquellos que favoreció. Se
cumple aquella frase popular: “muera el rey; viva el nuevo rey”.
Si las palabras admonitorias del Presidente Peña
Nieto las cumple a profundidad estará obligado a hacerlas cumplir a personajes
que se protegen bajo el PRI en el cual ocupa la presidencia de Consejo Político
Nacional. Citemos tres de ellos: el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier
acusado por un desvío de fondos públicos federales de 1,900 millones de pesos;
altos funcionarios del ex gobernador de
Coahuila, Humberto Moreira señalados como responsables de falsificación de
documentos oficiales para adquirir deuda pública al margen de la Ley y abrir
una investigación acuciosa sobre el uso y destino de las cuotas sindicales y préstamos
de PEMEX al sindicato petrolero que encabeza Eduardo Deschamps, por cierto
aliado de Doña Elba Esther y que ahora no saca la cabeza para defenderla.
Para que no
se quede en el imaginario popular que la captura de Doña Elba Esther fue una
revancha política, como así la califican algunos líderes de la oposición, la
aplicación de la justicia no debe ser selectiva motivada por filias o fobias. Quien
incurra en actos de corrupción desviando recursos públicos a cuentas bancarias
personales o adquiriendo bienes e inmuebles utilizando prestanombres se debe
aplicar todo el peso de la ley, sea cual sea su filiación partidista, posición
política o poderío económico.
En los dos
últimos gobiernos federales panistas la corrupción y la impunidad permeó a
todos los niveles de gobierno, sobre todo, en el gobierno de Felipe Calderón
cuando entregó en usufructo a su ex aliada Elba Esther la Dirección General del
ISSSTE, de la Lotería Nacional y de todo el sistema de educación básica desde
donde salieron sumas millonarias a las cuentas bancarias de la depuesta ex presidenta
vitalicia del SNTE.
Todos estos
ilícitos están plenamente documentados por la Auditoria Superior de la Federación.
Es tiempo que rindan cuentas ante la justicia y no queden en la impunidad. El
Presidente Peña Nieto debe seguir honrrando su palabra.
