Por Francisco Cruz Angulo
Al Gobierno de la República que preside el Lic. Enrique Peña
Nieto se le complica su estrategia de crecimiento económico. Según reporte del
INEGI el número de desempleados creció a más de dos y medio millones de personas,
mientras que el banco de México reportó que la expectativa de crecimiento
económico descendió del 3.5 al 3.2 a consecuencia que en el último trimestre
descendieron nuestras exportaciones, se incrementó la inflación en alimentos
básicos, o sea, nuestra economía se desaceleró.
Explicó el Secretario de Hacienda que esta desaceleración tuvo
factores externos, por ejemplo el estancamiento en la economía de los Estados
Unidos y en los mercados europeos.
Estos datos contrastan con el discurso optimista oficial. Se
dice que hay una buena percepción en los mercados internacionales sobre nuestro
país a partir de una sólida estabilidad macroeconómica y el restablecimiento de
la seguridad pública, así como a las reformas constitucionales a la Ley del
Trabajo; a la reforma Educativa y de Telecomunicaciones. Y que a partir del
próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el 1° de
septiembre, deberán ser aprobadas otras tres reformas estructurales: la
Financiera, la Energética y la Hacendaria. Asegura el Gobierno Federal que con
ellas despegará nuestra economía en productividad y en crecimiento.
El problema que enfrentará el gobierno de Peña Nieto en los
próximos meses será, por un lado que las
tres grandes reformas que hasta hoy se han aprobado (Trabajo, Educativa y de
Telecomunicaciones) se traduzcan en las leyes reglamentarias para que estas
puedan ser operadas en todo el territorio nacional. Hoy son enunciados constitucionales,
pero no acciones de gobierno.
Respecto a las otras tres reformas constitucionales
pendientes, antes de ser debatidas y aprobadas tendrán que pasar por los resultados de los 14 procesos estatales
electorales a celebrarse en julio próximo y por la aprobación o no de la
reforma político-electoral que es una exigencia prioritaria del PAN y el PRD
como condición para continuar avanzando por la ruta del “Pacto por México”.
Es obvio que si les va mal en los próximos comicios estatales
al PAN y al PRD sus actuales dirigentes nacionales serán sumamente cuestionados
por las distintas corrientes que se disputan el control de esos dos partidos. Esta
situación los debilitará políticamente en su participación en el “Pacto por
México” y en las dos Cámaras del
Congreso de la Unión toda vez que sus adversarios dentro de sus organizaciones
les echarán en cara el fracaso de su política “colaboracionista” con el PRI y con el actual mandatario federal.
La punta de lanza de los adversarios de Gustavo Madero y de
Jesús Zambrano se atrincheraron en el Senado de la República; los primeros
encabezados por el calderonista, Ernesto Cordero y el Senador Manuel Camacho de
la corriente perredista encabezada por Marcelo Ebrard.
Escribí en la columna de ayer que estas dos corrientes
disidentes en la Cámara de Senadores presentaron una reforma de régimen
político-electoral, no una simple reforma como la pactada entre los integrantes
del “Pacto por México”.
La reforma de los senadores disidentes panistas y perredistas
consiste en cambiar de régimen político en México, es decir, edificar un
régimen político semi presidencialista que consiste en construir gobiernos de
coalición sustentado en un Jefe de Gobierno (Primer Ministro) y un Jefe de
Estado (el presidente de la República).
Como en todo régimen semi presidencialista el presidente de
la República tendrá que ser electo por el 50% más uno de los votos y sí no los
alcanzara en la primera vuelta se irá a una segunda vuelta la que obligará a
los partidos políticos a pactar una agenda de gobierno antes y después de la
elección.
Una vez instaladas las cámaras, los partidos coaligados
representados en el Congreso de la Unión designarán a un primer ministro mismo que será ratificado
por ambas cámaras.
Sin duda alguna esta propuesta de los senadores desatará los
demonios dentro del PRI dado su tradición presidencialista. Incluso durante su
campaña electoral a la presidencia de la república Peña Nieto le apostó a tener
mayoría en las cámaras para poder sacar adelante con mayor facilidad su
proyecto de gobierno, pero le falló. Entonces tuvo que recurrir a la
construcción del “Pacto por México” como vía de negociar mayorías y dar curso a
sus reformas estructurales.
Sin embargo esta ruta se está agotando ya que está condicionada
a la coyuntura electoral y al próximo cambio en los liderazgos nacionales en el
PAN y en el PRD y a que se apruebe la reforma político-electoral antes del mes
de septiembre. Sin la totalidad de los votos de las bancadas del blanquiazul y
del Sol Azteca en la Cámara de Senadores, adiós reformas estructurales
constitucionales.
