Por Francisco Cruz Angulo
La XXX Legislatura Local que preside el Dip. Armando García
Jiménez debatió con interés la Reforma al Artículo 111 de nuestra Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de quitar el fuero a
todos los servidores públicos municipales, estatales y federales a excepción
del Presidente de la República.
Actualmente la minuta de esta reforma fue regresada por el
Senado de la República a la Cámara de origen (diputados) porque no es aplicable al mandatario federal.
En la primera votación en la Cámara de Diputados por mayoría
calificada se aprobó quitar el fuero a presidentes municipales, gobernadores,
diputados, senadores de la república, magistrados del Poder Judicial y de
autoridades electorales y a servidores públicos de gabinete, empresas descentralizadas
y paraestatales en caso que algunos de ellos cometan actos ilícitos que impliquen
ser investigados y procesados por una autoridad penal o administrativa.
Como bien lo señaló el Dip. Armando García de ser
investigados por algún delito no serán separados de inmediato de sus cargos
sino hasta que haya una sentencia final.
Como es del dominio público el fuero constitucional se creó
como una necesidad de proteger la libre expresión a diputados y senadores y de la actuación de otros
servidores públicos que tienen que tomar decisiones que afectan a poderosos
intereses políticos o económicos de las cúpulas gobernantes.
Sin embargo, al paso del tiempo cientos de estos servidores
públicos utilizaron el fuero para cometer toda clase de tropelías: abuso de
autoridad, desviación de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, tráfico de
influencias, daños en propiedad ajena y hasta algo tan ridículo como evitar una
sanción de tránsito. El fuero degeneró en símbolo de impunidad.
Lo que es un acto discriminatorio es el hecho que un servidor
público de cualquier nivel de gobierno cuando cometa un delito, aun en
flagrancia, no sea puesto a disposición de inmediato ante un juez y su proceso
sea al igual que a cualquier ciudadano común y corriente. ¿No que todos somos
iguales ante la Ley?
De quitarse
el fuero constitucional a los servidores
públicos no debe generarse un conflicto de intereses. Por ejemplo, con qué
valor ético desempeñaría el cargo un legislador de la Comisión de Justicia si
está siendo procesado por algún delito del orden penal. Este caso podría
reproducirse en otros servidores públicos en los tres niveles de gobierno. Para
desempeñar el cargo del procesado en cuestión allí están los suplentes,
subsecretarios o las normas aplicables en caso de ausencia de sus titulares.
El temor de algunos legisladores que se oponen a perder el
fuero son de la oposición al partido gobernante. Argumentan que podría limitar
su libertad de expresión o poner en riesgo su seguridad personal si cuestionan
a un régimen autoritario, como así ocurría en el pasado.
Se olvidan que en nuestro actual sistema democrático hay
pesos y contrapesos. Hoy en día tenemos un gobierno divido en donde ningún
partido es fuerza hegemónica. Por otro lado tenemos a una sociedad civil más organizada y movilizada. Prueba de
ello que las últimas reformas constitucionales no fueron producto de la
voluntad personal del Presidente de la República sino de la presión creciente
de organizaciones civiles que demandan cambios profundos en la estructura y
programas de gobierno. ¿Entonces por qué temer a aplicación de la procuración y
administración de la justicia en situaciones de igualdad de los servidores
públicos y ciudadanos que infrinjan la Ley?
Si se trata de maquillar
la quita del fuero a servidores públicos eso contribuye muy poco a la
transparencia y rendición de cuentas. O todos coludos o todos rabones.
Vamos a esperar que deciden finalmente los diputados y
senadores del Congreso de la Unión. Nuestra legislatura debe estar a la
vanguardia de los cambios que se avecinan.