lunes, 18 de marzo de 2013

CAMUFLADO EL FUERO CONSTITUCIONAL


Por Francisco Cruz Angulo

La XXX Legislatura Local que preside el Dip. Armando García Jiménez debatió con interés la Reforma al Artículo 111 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de quitar el fuero a todos los servidores públicos municipales, estatales y federales a excepción del Presidente de la República.
Actualmente la minuta de esta reforma fue regresada por el Senado de la República a la Cámara de origen (diputados) porque no  es aplicable al mandatario federal.
En la primera votación en la Cámara de Diputados por mayoría calificada se aprobó quitar el fuero a presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores de la república, magistrados del Poder Judicial y de autoridades electorales y a servidores públicos de gabinete, empresas descentralizadas y paraestatales en caso que algunos de ellos cometan actos ilícitos que impliquen ser investigados y procesados por una autoridad penal o administrativa.
Como bien lo señaló el Dip. Armando García de ser investigados por algún delito no serán separados de inmediato de sus cargos sino hasta que haya una sentencia final.
Como es del dominio público el fuero constitucional se creó como una necesidad de proteger la libre expresión a diputados  y senadores y de la actuación de otros servidores públicos que tienen que tomar decisiones que afectan a poderosos intereses políticos o económicos de las cúpulas gobernantes.
Sin embargo, al paso del tiempo cientos de estos servidores públicos utilizaron el fuero para cometer toda clase de tropelías: abuso de autoridad, desviación de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, daños en propiedad ajena y hasta algo tan ridículo como evitar una sanción de tránsito. El fuero degeneró en símbolo de impunidad.
Lo que es un acto discriminatorio es el hecho que un servidor público de cualquier nivel de gobierno cuando cometa un delito, aun en flagrancia, no sea puesto a disposición de inmediato ante un juez y su proceso sea al igual que a cualquier ciudadano común y corriente. ¿No que todos somos iguales ante la Ley?
De quitarse el fuero constitucional a  los servidores públicos no debe generarse un conflicto de intereses. Por ejemplo, con qué valor ético desempeñaría el cargo un legislador de la Comisión de Justicia si está siendo procesado por algún delito del orden penal. Este caso podría reproducirse en otros servidores públicos en los tres niveles de gobierno. Para desempeñar el cargo del procesado en cuestión allí están los suplentes, subsecretarios o las normas aplicables en caso de ausencia de sus titulares.
El temor de algunos legisladores que se oponen a perder el fuero son de la oposición al partido gobernante. Argumentan que podría limitar su libertad de expresión o poner en riesgo su seguridad personal si cuestionan a un régimen autoritario, como así ocurría en el pasado.
Se olvidan que en nuestro actual sistema democrático hay pesos y contrapesos. Hoy en día tenemos un gobierno divido en donde ningún partido es fuerza hegemónica. Por otro lado tenemos a una sociedad  civil más organizada y movilizada. Prueba de ello que las últimas reformas constitucionales no fueron producto de la voluntad personal del Presidente de la República sino de la presión creciente de organizaciones civiles que demandan cambios profundos en la estructura y programas de gobierno. ¿Entonces por qué temer a aplicación de la procuración y administración de la justicia en situaciones de igualdad de los servidores públicos y ciudadanos que infrinjan la Ley?
Si se trata de maquillar  la quita del fuero a servidores públicos eso contribuye muy poco a la transparencia y rendición de cuentas. O todos coludos o todos rabones.
Vamos a esperar que deciden finalmente los diputados y senadores del Congreso de la Unión. Nuestra legislatura debe estar a la vanguardia de los cambios que se avecinan.