Por Francisco Cruz Angulo
Uno de los Derechos universales del hombre es tener
garantizado la seguridad social universal no solo de los trabajadores
sindicalizados.
A partir de estos principios se pronunció el presidente
Enrique Peña Nieto durante una reunión con el Sector Salud.
El reto a encarar no será nada fácil. Ello implicará integrar
todos los servicios de salud existentes hasta hoy: SSA, Seguro Popular, ISSSTE,
IMSS y los servicios médicos-hospitalarios de las fuerzas armadas; Pemex y CFE en
un solo órgano público que garantice el
acceso a los servicios de salud a todos los mexicanos.
A finales del Gobierno del presidente Calderón se inició
en un estado fronterizo un programa
piloto que consiste en la portabilidad de las credenciales del Seguro popular,
ISSSTE y del IMSS. Esto quiere decir que cualquier derechohabiente puede
utilizar los servicios de esas instituciones de salud con solo presentar una de
esas credenciales. Ignoramos su funcionó con éxito o quedó como una simple
tentativa.
La propuesta del presidente Peña Nieto implica superar varios
obstáculos; a saber:
Uno, pactar con los sindicatos nacionales del ISSSTE, IMSS,
seguro popular y SSA. Esas instituciones tienen sus particularidades. El IMSS
es una institución que se sostiene de manera tripartita: trabajadores, patrones
y gobierno; el ISSSTE es una institución exclusiva para los trabajadores al
servicio del estado en donde los burócratas aportan mensualmente una cuota; el
seguro popular y los que son atendidos en los centros hospitalarios del sector
salud son sostenidos con presupuesto estatal y federal y solo cobran cuotas de
recuperación. Por tales peculiaridades tenemos atención medica-hospitalaria muy
diferenciada en prejuicio de la gente más pobre de la población.
Otro problema es qué hacer con el sistema de jubilaciones y
pensiones. Los únicos que tienen derecho a estos beneficios son los
trabajadores que cotizan por medio de los sindicatos.
Especialistas en la materia proponen la creación de un
sistema nacional de jubilaciones y pensiones en donde no solo cotizarían los trabajadores organizados sino los
trabajadores de la informalidad.
Con esta medida se estimularía a los trabajadores de la
informalidad a inscribirse en cualquier régimen fiscal, lo cual incrementaría
el padrón de contribuyentes.
De proponerse el gobierno de Peña Nieto la creación del
sistema de salud universal implicaría
una fuerte inversión millonaria en infraestructura hospitalaria, equipamiento,
más personal médico y de enfermería y el suficiente abasto de medicamentos.
Todo lo anterior será viable si el Gobierno Federal logra pactar en el Congreso
de la Unión una reforma Hacendaria de gran calado que haga posible recaudar
más, incrementar la base de los contribuyentes y obligar a que paguen más los
que ganan más, esto es, las grandes corporaciones financieras y comerciales. Y
por supuesto, junto con pegado la reforma energética que debe ser una de las
palancas del desarrollo económico de nuestro país.
En esta gran reforma del sector salud no basta la voluntad
presidencial. Es responsabilidad también de los líderes sindicales de las
instituciones de salud.
Si partimos del hecho que los líderes sindicales manejan sus
organizaciones como cotos de poder y de ascenso en sus carreras políticas serán
un poderoso obstáculo a vencer. Ninguno de ellos querrá ser del montón y pasar
a la oscuridad.
Por ello el mandatario federal tendrá que convocar a un gran
acuerdo nacional en donde participen los sectores obreros, empresariales,
partidos políticos y congresistas a fin de encontrar una ruta viable para
arribar a los servicios de seguridad social para todos los mexicanos.
