Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
En el curso de esta quincena el Congreso de la Unión deberá
aprobar con modificaciones o no el decálogo del Presidente Enrique Peña Nieto
en el que propone reformas constitucionales que buscan fortalecer el Estado de
Derecho, entre las que destacan la desaparición de las Policías Preventivas
Municipales y luego crear el mando único en 32 Policías Estatales.
El argumento de esta iniciativa presidencial consiste en que
las policías municipales han sido copadas por el crimen organizado y, por lo
tanto no garantizan la seguridad de los ciudadanos.
El PAN tiene serias dudas, que esta medida centralista
termine con el problema de la inseguridad y la violencia.
Señala que no se debe medir con la misma vara a todos los
cuerpos policiacos municipales en el país. Existen entidades de la república en
donde sus municipios son bien resguardados por sus cuerpos de seguridad como
hoy ocurre en Nayarit.
Proponen los panistas que en todo caso debería legislarse
para que el Gobierno Federal solo interviniera en aquellos municipios en donde
las fuerzas del orden hayan sido rebasadas por las bandas delincuenciales, así
como lo viene haciendo en los estados de Michoacán, Guerrero y Tamaulipas.
Sobre esta propuesta ni el presidente de la república ni los
partidos políticos tocan un tema fundamental, es decir, el fenómeno de la
narcopolítica.
Durante décadas se luchó contra un régimen de partido único
que era juez y parte en los procesos electorales.
Después de esa larga lucha de amplios sectores de la
población se logró que la elección de candidatos a los puestos de elección
popular la decidieran los ciudadanos en las urnas mediante el sufragio
efectivo. Así arribamos al pluralismo político en el Congreso de la Unión en
estados y municipios y la alternancia de partido en la presidencia de la
república en el 2000. Fue, sin duda un salto cualitativo en nuestro sistema
democrático.
Todos pensamos que arribamos a la civilidad política y que
nuestras instituciones se fortalecieron.
Sin embargo no fue así. Al tener acceso los partidos
políticos al poder vino el clientelismo electoral, en donde las candidaturas a
los puestos de elección popular fueron utilizadas como moneda de cambio.
Los partidos políticos en su afán de
acceder al poder no postularon a sus mejores cuadros políticos sino a personajes
que disponían de suficientes recursos financieros
para hacerse populares y ganar elecciones, sin importarles el origen de sus
fortunas o su biografía personal.
Este frio pragmatismo de los dirigentes partidistas muy lejos
de principios ideológicos y éticos fue lo que hizo posible que arribaran a presidencias
municipales, diputados locales y hasta uno que otro gobernador como Ángel
Aguirre en Guerrero; Fausto Vallejos, en Michoacán, Tomas Yarrington en
Tamaulipas y en Tabasco, Andrés Granier.
La tragedia en Iguala, Guerrero fue el detonante de todo este
proceso de impunidad y corrupción.
¿Será posible que con la expedición de nuevas leyes en contra
de la impunidad y la corrupción se ponga fin a la infiltración del crimen
organizado en la política y en nuestras instituciones de procurar y aplicar justicia?
Una gran parte de la población no lo cree. Mientras haya gobernadores,
presidentes municipales, procuradores, ministerios públicos, jueces,
magistrados y partidos políticos con
nexos en lo oscurito con el hampa organizada nuestras instituciones serán
frágiles y por lo tanto no garantizan el pleno respeto a los derechos humanos y
la aplicación de la justicia.
¿Acaso es necesario un cambio de régimen político? Por hoy la
narcopolítica es una realidad.