jueves, 12 de julio de 2012

LA COMPRA DEL VOTO NO DEJA HUELLA EN LA URNA

El Presidente de la República, Felipe Calderón le echó más leña a la hoguera cuando en días pasados solicitó a las autoridades electorales del país sancionar a los partidos o coaliciones que compraron el voto por medio de dadivas en especie o en dinero.
Olvida deliberadamente que la compra o coacción del voto es un delito electoral que debe ser investigado y sancionado por la Fiscalía especial para la atención en delitos electorales dependiente de la Procuraduría General de la República, es decir, está bajo la jurisdicción presidencial esos delitos; el IFE carece de facultades de ministerio público.

Precisamente la denuncia que hizo el candidato presidencial de las izquierdas en días pasados que la coalición PRI-PVEM presuntamente compró 5 millones de votos a favor de Peña Nieto fue turnada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y seguramente a  la Fiscalía en delitos electorales. Será en estas instancias donde finalmente se resolverá sobre la legalidad de la elección presidencial.

A la demanda de invalidez de la elección presidencial reclamada por López Obrador se han manifestado diversos sectores de la sociedad, de los partidos políticos e incluso de dos  gobernadores electos del PRD.

En su mayoría coinciden que si hubo inequidad en la competencia presidencial porque se presume que se rebasó con mucho los topes de gastos de campaña. Esta infracción a la Ley Electoral es competencia del IFE, por lo que una vez fiscalizados los informes financieros de todos los partidos políticos habrá de pronunciarse al respecto. Lo que si está fuera de toda duda es el hecho que esa irregularidad no es una causal determinante para la solicitud de invalidez de la elección presidencial.

En cuanto a la inducción del voto por medio de la dadiva en especie, en dinero o en tarjetas de Soriana es prácticamente indemostrable. El mismo gobernador electo del PRD por el Estado de Tabasco, Arturo Núñez comentó que el problema radica antes de la emisión del voto, no en la urna cuando el ciudadano emite su sufragio en plena libertad y en secreto. Se preguntó: ¿Cómo diferenciar cual voto se ejerció bajo presión y cual por la libre determinación del ciudadano?

El otro lado del problema en la compra del voto la provocaron los mismos candidatos presidenciales del PAN y del Movimiento Progresista cuando llamaron durante sus concentraciones públicas a que si alguien les ofrecía despensas, materiales de construcción, enseres domésticos o dinero en efectivo que lo “agarraran”, pero que no vendieran su voluntad ya que estaba garantizada la secrecía de su voto. Ahora se asustan o se irritan de lo que ellos mismos alentaron en sus arengas públicas.

¿Qué ocurrió en la mente de esos 5 millones de ciudadanos que según el candidato de las izquierdas supuestamente vendieron su voto para hacer ganar al priista Enrique Peña Nieto? Eso nunca lo sabremos.

¿Cómo hacer que esa enorme cantidad de ciudadanos testifiquen ante la Fiscalía especializada en delitos electorales que, en efecto, se les compró su voto? No creo en la autoflagelación.

La pasada elección presidencial reveló que el talón de Aquiles  de nuestra incipiente democracia no ocurre en el proceso electivo y en el conteo  de los votos. Se confirma que sigue siendo  el uso de grandes sumas de dinero público y privado que corre a raudales durante las precampañas y campañas electorales en donde las instituciones públicas son utilizadas como las cajas chicas de los políticos de uno u otro partido que ambicionan subir en la escala del poder público.

Como lo señalé en alguna de mis columnas: la pobreza y la falta de educación de los sectores marginados de la población y la recurrente práctica del clientelismo electoral fomentado por todos los partidos políticos son la causa de la coacción o compra del voto. La ignorancia, oprime; la educación, libera.

Por tales razones, la demanda del candidato de las izquierdas de la invalidez de la elección presidencial difícilmente procederá por la vía institucional. El error más grave que pudiera incurrir López Obrador  es llevar a los partidos políticos que lo apoyaron y a sus 15 millones de ciudadanos que votaron por su proyecto de gobierno a un callejón sin salida.