Olvida
deliberadamente que la compra o coacción del voto es un delito electoral que
debe ser investigado y sancionado por la Fiscalía especial para la atención en
delitos electorales dependiente de la Procuraduría General de la República, es
decir, está bajo la jurisdicción presidencial esos delitos; el IFE carece de
facultades de ministerio público.
Precisamente
la denuncia que hizo el candidato presidencial de las izquierdas en días
pasados que la coalición PRI-PVEM presuntamente compró 5 millones de votos a
favor de Peña Nieto fue turnada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y seguramente a la Fiscalía
en delitos electorales. Será en estas instancias donde finalmente se resolverá
sobre la legalidad de la elección presidencial.
A la demanda
de invalidez de la elección presidencial reclamada por López Obrador se han
manifestado diversos sectores de la sociedad, de los partidos políticos e
incluso de dos gobernadores electos del
PRD.
En su
mayoría coinciden que si hubo inequidad en la competencia presidencial porque
se presume que se rebasó con mucho los topes de gastos de campaña. Esta
infracción a la Ley Electoral es competencia del IFE, por lo que una vez
fiscalizados los informes financieros de todos los partidos políticos habrá de
pronunciarse al respecto. Lo que si está fuera de toda duda es el hecho que esa
irregularidad no es una causal determinante para la solicitud de invalidez de
la elección presidencial.
En cuanto a
la inducción del voto por medio de la dadiva en especie, en dinero o en
tarjetas de Soriana es prácticamente indemostrable. El mismo gobernador electo
del PRD por el Estado de Tabasco, Arturo Núñez comentó que el problema radica
antes de la emisión del voto, no en la urna cuando el ciudadano emite su
sufragio en plena libertad y en secreto. Se preguntó: ¿Cómo diferenciar cual
voto se ejerció bajo presión y cual por la libre determinación del ciudadano?
El otro lado
del problema en la compra del voto la provocaron los mismos candidatos
presidenciales del PAN y del Movimiento Progresista cuando llamaron durante sus
concentraciones públicas a que si alguien les ofrecía despensas, materiales de
construcción, enseres domésticos o dinero en efectivo que lo “agarraran”, pero
que no vendieran su voluntad ya que estaba garantizada la secrecía de su voto.
Ahora se asustan o se irritan de lo que ellos mismos alentaron en sus arengas
públicas.
¿Qué ocurrió
en la mente de esos 5 millones de ciudadanos que según el candidato de las
izquierdas supuestamente vendieron su voto para hacer ganar al priista Enrique
Peña Nieto? Eso nunca lo sabremos.
¿Cómo hacer
que esa enorme cantidad de ciudadanos testifiquen ante la Fiscalía especializada
en delitos electorales que, en efecto, se les compró su voto? No creo en la
autoflagelación.
La pasada
elección presidencial reveló que el talón de Aquiles de nuestra incipiente democracia no ocurre en
el proceso electivo y en el conteo de
los votos. Se confirma que sigue siendo el uso de grandes sumas de dinero público y
privado que corre a raudales durante las precampañas y campañas electorales en
donde las instituciones públicas son utilizadas como las cajas chicas de los
políticos de uno u otro partido que ambicionan subir en la escala del poder
público.
Como lo
señalé en alguna de mis columnas: la pobreza y la falta de educación de los
sectores marginados de la población y la recurrente práctica del clientelismo
electoral fomentado por todos los partidos políticos son la causa de la coacción
o compra del voto. La ignorancia, oprime; la educación, libera.
Por tales
razones, la demanda del candidato de las izquierdas de la invalidez de la
elección presidencial difícilmente procederá por la vía institucional. El error
más grave que pudiera incurrir López Obrador
es llevar a los partidos políticos que lo apoyaron y a sus 15 millones
de ciudadanos que votaron por su proyecto de gobierno a un callejón sin salida.