Por
Francisco Cruz Angulo
La lideresa
del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios,
(SUTSEM) continúa obsesionada en hacer que separen del cargo o dimita como presidente municipal de Tepic al
Ing. Héctor González Curiel.
Lo que
irritó a la dirigente sindical es el hecho que el alcalde tepicense le paró el alto a las
excesivas demandas laborales sabedora
que el ayuntamiento carece de liquidez financiera para atender esos reclamos.
Es tal su
terquedad que ordenó a los delegados sindicales en cada una de las dependencias
del Gobierno Estatal y en los 20 ayuntamientos que cada uno de los trabajadores
y familiares firmen un documento en donde solicitan la revocación de mandato de
González Curiel. Para sustentar ese documento exigen una copia de elector.
La señora
Águeda pretende tomarles el pelo a todo mundo o lo hace con la malévola
intención de presionar para obligar al Congreso del Estado a intervenir en el
conflicto.
Como
diputada bien sabe que en nuestra Constitución política ni en alguna Ley
reglamentaria se contempla la revocación de mandato. Este derecho de
Participación Ciudadana está en la congeladora, incluso en la Legislatura
Federal.
Como sabe
que esa demanda no va a funcionar asusta con el petate del muerto y manda señales a los demás alcaldes para que
no se le pongan al brinco incluyendo al mandatario estatal que mostró molestia
cuando ese sindicato, en diciembre pasado, bloqueó por horas un tramo del
libramiento sur de Tepic.
La Sra.
Águeda hace lo que le pega en gana por dos razones: una, al férreo control de
los trabajadores. Para dar un ejemplo: si un trabajador no asiste a una marcha,
el delegado sindical luego de pasar lista remite al faltista a las oficinas
centrales del sindicato y desde allí se lleva la lista de faltistas a la
Secretaría de Finanzas del estado y ayuntamientos para que se les descuente el
equivalente a tres días de salario; esa multa viene etiquetada en el cheque
quincenal correspondiente. Esta medida coercitiva es anticonstitucional. ¿Dónde
está el derecho del trabajador a decidir libremente en su sindicato? Es más, ni
siquiera en su mayoría conocen sus estatutos donde se inscriben sus derechos y
obligaciones.
La otra
fuente de poder de la Sra. Águeda Galicia es el uso pragmático de su desempeño como diputada del PRI en el Congreso del
Estado. En aquellos asuntos de interés público que exigen una definición como
dirigente sindical, o no participa en los debates o se vuelve ojo de hormiga. Hace
presencia solo cuando conviene a sus
intereses políticos.
Esta doble
moral se vio reflejada cuando estuvo sobre la mesa del debate público la
corrupción y desviación de recursos públicos en la administración del ex
Gobernador Ney González Sánchez. Agréguese el escandaloso endeudamiento
público.
En aquella
ocasión ni pio dijo. Claro. Fue una de las principales beneficiaras.
Otro ejemplo
de su anodina posición fue cuando se debatió y aprobó la Ley de Participación
Ciudadana. ¿Por qué no propuso añadir la figura de revocación de mandato al que
hoy exige aplicar al “torito”?
La política
es para resolver problemas, no para complicarlos. Como dirigente sindical está
obligada a buscar acuerdos con la parte patronal, más aún cuando su contraparte
tiene obligaciones de carácter público a
la comunidad.
En vez de
tanto golpeteo lo mejor es sentarse a la mesa a buscar conjuntamente cómo
resolver el problema financiero en la mayoría de los ayuntamientos. Solo así
tendrá garantía el sindicato que se pagará en tiempo sus salarios y demás
prestaciones sociales. Las obsesiones son malas consejeras.
