Por
Francisco Cruz Angulo
Lo más
difícil en los procesos de cambios estructurales en nuestras instituciones no
es ponerse de acuerdo en las cúpulas gobernantes para cambiar leyes y normas
secundarias; el problema radica en su concreción en los diversos niveles de
gobierno o en las estructuras partidistas en las entidades del país.
La corrupción;
la opacidad en la administración de los recursos públicos; en la falta de
rendición de cuentas están profundamente arraigadas en las oficinas públicas
que ejecutan los programas sociales; en
los órganos de administración y procuración de justicia; en los partidos
políticos y, más aún en las autoridades ejidales y comunitarias. Esta
mentalidad clientelar y gandallista no será fácil de erradicar por una decisión presidencial o
por el acuerdo de los tres partidos más importantes de nuestro país que decidieron impulsar un “Pacto
por México”.
Lo anterior
lo pudimos constatar cuando salió a la luz pública una serie de
videograbaciones en donde funcionarios de la SEDESOL y del gobierno de
Veracruz se ponen de acuerdo para
utilizar algunos de los programas sociales de la SEDESOL con fines electorales
a favor del PRI.
Esta
denuncia fue hecha por el presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo
Madero, quien solicitó la cabeza de todos los involucrados incluyendo a Rosario
Robles y el Gobernador, Cesar Duarte. Incluso condicionó su permanencia en el
“Pacto por México” si no se castigaba penalmente este delito electoral.
La
Secretaria de la SEDESOL actuó de inmediato y cesó al delegado y 5 funcionarios
más de esa dependencia federal. De igual manera acudió al Senado de la
República a deslindar responsabilidades.
A su vez el presidente Peña Nieto haciendo eco
de esa denuncia llamó a blindar todos los programas sociales y no sean
utilizados en los procesos electorales. Lo mismo hizo el
Secretario de Gobernación que durante un encuentro con los tres jefes políticos
del PAN, PRI y PRD se comprometieron a encontrar un mecanismo legal que evite
estas prácticas clientelares.
Aquí se
encuentra el meollo del problema. De nadie
es desconocido que cuando equis partido gana la Presidencia de la
República, algún gobierno estatal o municipal, lo primero que hacen es llegar
con la barredora en todas las áreas del gobierno para hacer renunciar a todo el
personal de confianza y poner a los suyos, no importando si algunos de los que
corrieron son muy buenos profesionistas; y menos les preocupa si los nuevos
tienen un buen perfil profesional. Lo que importa es asegurarse lealtades
partidistas.
Ante esta
realidad los integrantes del “Pacto por México” deberán impulsar en el Congreso
de la Unión normar las designaciones de los delegados federales y de sus
relaciones con los gobiernos estatales. En los dos últimos sexenios
presidenciales panistas fue notorio que la mayoría de los delegados de las
distintas dependencias del Gobierno Federal en las entidades de la república
eran reconocidos militantes panistas, lo que generó numerosas denuncias de los
partidos de oposición en el sentido que los programas sociales de esas dependencias
fueran utilizados para coaptar votos a favor de los candidatos del blanquiazul.
En cambio,
en los gobiernos estatales afines al
federal, los delegados se comportaron como si fueran empleados del gobernador
en turno. Esta conducta de clara dependencia se explica porque llegaron al puesto
a propuesta del ejecutivo estatal. Entonces no puede ser de otra manera esta perniciosa
relación. Así lo pudimos constatar en el Gobierno de Veracruz en donde hasta la
fecha no se hace nada para sancionar a los funcionarios estatales que
estuvieron coludidos en los presuntos delitos electorales denunciados por el
PAN.
Una probable
medida de blindar los programas sociales sería la de
someter a concurso las plazas de las delegaciones federales o aplicar el
servicio profesional de carrera; además asegurarse que no tengan ninguna
filiación partidista. De esta forma no estarían sometidos a presiones políticas
de los gobernadores Así pues, en tanto los ejecutivos estatales metan las manos
en la designación de los delegados federales seguiremos presenciando en cada
proceso electoral la total impunidad a quienes utilizan los recursos públicos
para comprometer votos a favor de tal o cual candidato.
