Por
Francisco Cruz Angulo
Rafael
Cervantes Padilla, Presidente municipal de Bahía de Banderas, al igual que
Águeda Galicia, lideresa del SUTSEM unen a diversas expresiones políticas, pero
en su contra al cohesionarlas por el hecho de ejercer ambos el poder sin más
freno lo que dictan sus caprichos personales al creerse omnipotentes.
La Sra.
Águeda tuvo una respuesta inmediata e inesperada: 18 alcaldes pusieron un ya basta
a sus posiciones irreductibles de imponer por la fuerza de la manipulación de
sus agremiados la revisión de sus Contratos Colectivos de Trabajo desfasados de
la realidad financiera de cada uno de los ayuntamientos.
Si no hay
una buena interlocución entre las partes en conflicto podría entrar nuestra entidad en un periodo de crisis
política que atrofiaría la prestación de los servicios y obra pública en la
mayoría de los municipios en perjuicio de los ciudadanos.
En esta
confrontación está obligado a intervenir el Gobierno Estatal. Que no se
argumente que de hacerlo se vulneraría la autonomía de los ayuntamientos y la
del SUTSEM. Legalmente el Ejecutivo Estatal por medio de la Secretaría General
está obligado a preservar la paz y la seguridad pública del Estado.
Como es del
dominio público, en días pasados el
SUTSEM inició la guerra sucia en contra del alcalde de Tepic, Héctor González
Curiel al dar a conocer por medio de volantes las enormes sumas de dinero que
pagó a diversos medios de comunicación escrita y televisiva en donde al aparecen
en la cartera de clientes dos periódicos diarios que son propiedad de dos funcionarios del actual
Gobierno Estatal.
Esto apenas
empieza. No se olvide que la dirigente del SUTSEM tiene en sus manos
información confidencial obtenida por medio de personal sindicalizado que
trabaja en dependencias estratégicas de los ayuntamientos y del mismo Poder
Ejecutivo Estatal. Por eso la temen. Altos
funcionarios tienen cola que les pisen. Eso explica su soberbia en el manejo
del sindicato. Uno se pregunta si las partes, conociéndose de sus debilidades
optarán por pactar acuerdos o por destapar la cloaca. A ninguna parte le
conviene.
Por lo que respecta
al alcalde de Bahía de Banderas, Rafael Cervantes continúa obsesionado en el
uso desmedido del poder municipal. Parece que administra un rancho grande de su
propiedad y que en lugar de ver a la gente como ciudadanos los mira como si
fueran peones.
Desde que
cambió la chaqueta panista por la priista su gobierno ha sido un desastre. No
hay mes que cambie de funcionarios a modo. El nepotismo asentó sus reales en esa administración, en
consecuencia son el pan de cada día el abuso de poder, el desvío de fondos
públicos a patrimonio familiar. Está tan engolosinado con el poder que durante sus llamadas
jornadas de trabajo a las comunidades, (que
más bien son días de campo para darse la
gran vida) actúa como si fuera un pequeño sultán.
Es tan
desaseada su forma de gobernar que tuvo la virtud de unir en su contra a todos
los partidos políticos de la región, incluido cinco regidores de su propio
partido el PRI.
Este
descontento en contra del edil neopriista fue canalizado en la integración de
un frente popular de lucha, el que entre sus demandas ante el Congreso del
Estado es la aplicación de la revocación de mandato establecido en la Ley
Orgánica de ese ayuntamiento.
Según
voceros de ese frente ya se tiene más de 6 mil 500 firmas que exige la ley,
mismas que brindan sustento legal a su demanda.
Los
integrantes del mencionado frente disponen de otras herramientas legales para
ejercer más control ciudadano sobre la administración de Rafael Cervantes. Me
refiero a la nueva Ley de Participación Ciudadana aprobada por unanimidad por
la actual Legislatura local en donde se contempla el plebiscito como una manera
de poner freno a los abusos del poder municipal.
De no
atenderse con oportunidad ese problema en aquella región sureña, ese movimiento
podría crecer como bola de nieve y darle muchos dolores de cabeza al Gobernador
del Estado y el Partido Revolucionario Institucional que podrían perder ese municipio estratégico en el
próximo proceso electoral del 2014. Es tiempo de poner orden.