Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
En nuestras efemérides nacional -como el 2 de octubre no se
olvida- quedará inscrito el 26 de septiembre día en que fueron secuestrados y
luego desaparecidos 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, Guerrero
en donde estuvo involucrado en esos hechos el presidente municipal de Iguala,
José Luis Abarca, policías municipales de Iguala y Cocula en contubernio con
los sicarios de la banda “guerreros unidos”.
El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam
hace días dio a conocer a la opinión pública el resultado de 4 meses de investigación.
La narrativa de los hechos tiene una concatenación lógica de
los hechos lo que lleva a concluir que los 43 estudiantes normalistas fueron
secuestrados y luego asesinados y finalmente quemados para borrar toda su huella
de su criminal acción.
Según el Procurador de la República las investigaciones de
campo cotejadas por la confesión de viva voz de los principales involucrados,
entre otros, la del autor operativo apodado el “cepillo” refuerzan la hipótesis
que los 43 cuerpos de los estudiantes fueron desaparecidos en una inmensa
hoguera en el basurero municipal de Cocula y posteriormente su cenizas fueron
arrojadas en grandes bolsas a un río cercano a ese lugar.
Según el procurador esa es la verdad histórica. Señaló que
hasta hoy son 99 personas las que fueron puestas a disposición de un juez federal
señalados como presuntos responsables de secuestro agravado, delincuencia organizada
y desaparición forzada.
Dijo que estará cerrado el caso hasta que los delincuentes
sean procesados y sentenciados.
Esta es la narrativa del Gobierno Federal, no así la de los
padres de familia de las víctimas, lo que ponen en duda la verosimilitud de las
indagatorias pues todo está sustentado en evidencias y declaraciones de los involucrados
y no en pruebas científicas. Comentan que durante las indagatorias en gran
parte de ellas fueron excluidos los peritos argentinos. Incluso el personal técnico
del laboratorio austriaco no pudo determinar si los restos a examinar eran o no
de humanos.
Ante tal incertidumbre y desconfianza los familiares de los
desaparecidos solicitaron la intervención de la Comisión Iberoamericana de los
Derechos Humanos así como de la misma comisión de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Lo que revela las conclusiones a las que llegó la
Procuraduría General de la República es que aun siendo creíble la narrativa de
ese horrendo crimen no son aceptadas por los padres de las victimas debido a la
falta de credibilidad en nuestras instituciones de procuración y aplicación de
la justicia.
Tenemos dos casos como ejemplo ocurridos en el sexenio del ex
presidente panista Felipe Calderón.
El primero al inicio de su mandato cuando la Procuraduría General
de la República (PGR) sin aplicar el debido proceso secuestró y luego metió a
la cárcel a más de una decena de alcaldes del Estado de Michoacán. Por no
acreditar el presunto delito al año fueron puestos en libertad totalmente
exonerados.
El otro caso más reciente fue el de la ciudadana francesa Florence
Cassez la que fue aprendida durante un montaje urdido por el entonces
Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Incluso esa
captura de la francesa acusada de delincuencia organizada y secuestro fue
divulgada por el canal de las estrellas (Televisa) de su noticiero matutino
conducido por Carlos Loret de Mola. Luego de varios años de litigio en los
tribunales finalmente la presunta delincuente fue liberada por un dictamen
emitido por la Suprema Corte de justicia
de la Nación porque no se respetó el debido proceso. Es más la ciudadana
francesa demandó penalmente al ex presidente Felipe Calderón, a Genaro García
Luna y al conductor de Televisa Carlos Loret de Mola solicitando la reparación del
daño por haberla difamado y deshonrada públicamente. Exige 36 millones de dólares
por daño moral, solicitud que ya fue rechazada por un juez federal.
Estos hechos que ponen en evidencia el Estado de Derecho en
nuestro país cuando es concurrente con eventos políticos generalmente la cúpula
gobernante busca dar un pronto carpetazo.
Lo mismo ocurrió en la matanza de estudiantes del 2 de
octubre en 1968. Según el entonces
presidente Gustavo Díaz Ordaz no le tembló la mano para ordenar esa masacre en
Tlatelolco ufanándose que había salvado a la patria de los “agitadores comunistas”
que, según él pretendían boicotear los Juegos Olímpicos del 68.
Lo más probable es que jamás conoceremos la verdad histórica de
estos dos abominables hechos. 26 de septiembre no se olvida…
