Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
Una de las praxis que seguramente será la ruta a seguir de la
XXXII Legislatura local será la consulta ciudadana antes de aprobar nuevas
iniciativas o reformas de leyes en torno a la problemática de los distintos
sectores de la población nayarita.
Esta nueva actitud del Poder Legislativo se corrobora en los
hechos cuando sus principales comisiones legislativas mantienen un diálogo
directo con los sectores implicados, o sea, con empresarios, profesionistas,
comunidades indígenas y líderes de las distintas áreas de la producción o
especialistas en temas específicos.
Llama la atención que desde hace varias semanas los diputados
y diputadas acompañados por el diputado presidente, Dr. Leopoldo Domínguez
acuden a las distintas dependencias del Gobierno Estatal a conocer de viva voz
sus necesidades para tomarlas como referencia cuando se distribuya el
presupuesto de gasto público para el 2018.
Las comisiones del aparato legislativo en esta consulta
priorizaron a las secretarias de Seguridad Pública, Fiscalía General, Salud,
Educación, de Obras Públicas, la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural y Pesca (SAGADERP), Turismo y Protección Civil.
Esta metodología de trabajo evitará lo que fue la
característica de anteriores gobernantes que fue la de asignar recursos
públicos por ocurrencias o caprichos inmediatistas de modo de desviar parte de
esos recursos a chequeras personales.
De esta manera la actual legislatura de mayoría aliancista
estará cumpliendo su papel de contrapeso al Poder Ejecutivo Estatal.
Esperemos que una vez analizado y aprobado el presupuesto de
gasto público del 2018 del gobierno de Antonio Echevarría García se vea
reflejado esta nueva intencionalidad política en la redistribución de los
recursos públicos…
Indiferencia
ante la militarización del país.-Mientras en varios estados de la
república la sociedad civil organizada protesta y se moviliza en contra de ley de Seguridad Interior recientemente aprobada
por las bancadas del PRI, PVEM, Nueva Alianza y algunos legisladores del
blanquiazul en el Senado de la República, en nuestra entidad los líderes
estatales de los partidos políticos aliancistas y del Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA) así como de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos muestran una vergonzosa indiferencia a las consecuencias que podrían generar
en el futuro la susodicha Ley de Seguridad.
De nuestra clase política estatal la única voz que se escuchó
en el desierto del silencio fue la del presidente de la XXXII Legislatura Dip.
Leopoldo Domínguez quien sin tapujos reprobó esa ley por considerarla que viola
la autonomía de las entidades federativas y de los municipios pues esa ley será
como un cheque en blanco para que el presidente de la república disponga el uso
de las fuerzas militares en eventos que pongan en riesgo la seguridad interior.
En efecto nadie se traga el cuento de los senadores priístas
y partidos satélites que con los militares en las calles haciendo tarea de policías
se garantizará la seguridad pública mediante el combate a las bandas
delincuenciales.
El fracaso de esta estrategia política es evidente cuando el
Ejército y la Marina en sus 11 años de combate al crimen organizado en la
mayoría de las entidades de la república lejos de disminuir la violencia armada
se ha incrementado exponencialmente.
La mencionada ley de seguridad interior no es más que la
legalización de esa política fallida de combate al crimen organizado y que de
aplicarla acotará las libertades ciudadanas de expresión y manifestación y de
los derechos humanos.
Hay tales lagunas en su marco jurídico que en situación de
crisis social o política con el argumento de que se pone en riesgo la seguridad
interior al Ejército le conceden facultades para la pacificación del país. ¿Qué
pasaría si después de los comicios federales de julio del año próximo se
desborda la inconformidad popular en las calles por los resultados electivos de
la sucesión presidencial?..