En la jerga política, el V Informe de Gobierno del Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa en los hechos marca cuasi el fin de este mandato panista en virtud que a partir del sexto año todas las fuerzas partidistas estarán ocupadas y preocupadas por la sucesión presidencial de julio del 2012.
Desde esta perspectiva, el Jefe del Poder Ejecutivo Federal rindió cuentas del ejercicio de su administración no ante la Soberanía Popular, que es el Congreso de la Unión sino ante un reducido número de la clase política que le es a fin o por lo menos han compartido las prebendas del poder presidencial, sean éstos del sector público o privado.
De ese discurso presidencial ante amigos, colaboradores y subalternos hay muy poco que destacar porque lo medular lo viene propagando desde hace un mes a través de los medios de comunicación en donde con cifras y estadísticas alardea que su gobierno ha sido mejor que el de sus antecesores, priistas y panista.
Lo que debió ser un dialogo republicano entre pares con el Poder Legislativo, el V Informe, como los anteriores, han sido soliloquios, de rendición de cuentas ante su espejo y que gran parte de lo dicho nada tiene que ver con la realidad.
Al abordar el tema de la seguridad pública, lo único rescatable fue su promesa de crear la Procuraduría Social para víctimas de la violencia del crimen organizado. En cambio continúa obcecado en que su estrategia policiaca y militarista en su guerra en contra de los carteles de la droga no variará un ápice en nada hasta el término de su mandato. Si bien reconoció que en nuestro país se ha incrementado los índices de violencia armada, en cierta manera se lavó las manos al señalar como corresponsables a Gobernadores, presidentes municipales, Congreso de la Unión, jueces corruptos y hasta los ciudadanos que no han sido capaces de entender, comprender y coadyuvar para exterminar a quienes continúan sembrando el terror y la inseguridad en las calles.
Por primera vez en la historia reciente de un informe presidencial, el mandatario federal, Felipe Calderón pidió un minuto de silencio en memoria de las 54 víctimas del ataque de los zetas al casino “Royale” en Monterrey, Nuevo León. Y como siempre, las mismas palabras trilladas de que “ahora sí se irá hasta las últimas consecuencias para castigar a los criminales”; “que ahora sí se combatirá la impunidad, la corrupción y el lavado de dinero en los centros de juego y casas de cambio”; “que ahora sí se apoyará a todos los deudos de las víctimas”; o sea, palabras y más palabras ¿ Acaso no conocían la Secretaría de Gobernación, el Gobierno Estatal de Nuevo León y el alcalde panista de Monterrey que decenas de casinos de apuestas desde hace años operan en la ilegalidad y, lo que es peor, que no cuentan con las medidas de seguridad debido a los actos de corrupción en que están inmiscuidos altos funcionarios y familiares con los miembros del hampa organizada que usualmente utiliza esos centros de juego, disque de diversión, para lavar el dinero sucio? ¿Por qué esperarse a que sucedan esas acciones vandálicas y sangrientas para que se destapen las cloacas que están pudriendo a nuestras instituciones?
Cuando el presidente se refirió a las políticas preventivas para combatir a la criminalidad y a los capos de la droga presumiendo que como nunca en su gobierno se ha invertido en la educación, salud, empleo y vivienda, al confrontarlas con la realidad no solo ha sido insuficiente sino que estos recursos han ido a parar a un saco sin fondo porque los titulares de esas dependencias los han desviados con propósitos electorales. Allí está como ejemplo el ISSSTE, el IMSS, la SSA, instituciones que casi están en la bancarrota y, por lo tanto, sus servicios medico-hospitalarios son mediocres y hasta pésimos, salvo algunas excepciones.
Si bien es cierto que hay que reconocerles a los gobiernos panistas la cobertura universal del Seguro popular a millones de mexicanos, lamentablemente esto no se ha reflejado en calidad de los servicios.
El último año de gobierno de Felipe Calderón estará permeado por la lucha presidencial. Cualquier iniciativa de reformas de gran calado estarán acotadas por el pragmatismo preelectoral. Tenemos en puerta la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2012 y es tiempo que los legisladores de las distintas bancadas y el Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero no se pongan de acuerdo, en primer lugar porque los legisladores no saben si negocian con el titular de la Hacienda Federal o con el precandidato presidencial del blanquiazul; en segundo lugar porque tanto el IFE como el Presupuesto de Egresos la clase política se lo está peleando como si fuera un botín de guerra y, tercero, que el presidente de la República está más preocupado o por dejar a un sucesor e impedir que el PRI recupere Los Pinos, que buscar un gran pacto nacional para salir de la crisis en la que se está subsumiendo nuestro país.
El futuro es sombrío porque los panistas han sido incapaces de gobernar en la alternancia de poder iniciada en el 2000 cuando Vicente Fox sacó de Los Pinos al tricolor.
