Un día antes
de iniciarse este cómputo distrital, Andrés Manuel López Obrador, candidato de
las izquierdas, que ocupó el segundo lugar de la votación nacional, 7 puntos debajo
del candidato priista Enrique Peña Nieto, solicitó al Consejo Federal del IFE
limpiar la elección mediante el conteo voto por voto.
Esta solicitud
fue rechazada porque de acuerdo a la Ley Electoral solo podrá hacerse este
ejercicio siempre y cuando la diferencia de votos entre el primer y segundo
lugar sea menor o igual al 1% de la votación nacional. Que no es el caso, pues
López Obrador está abajo 7 puntos respecto al candidato que ocupa el primer
lugar.
En donde sí
se aplicará esa norma será en aquellos distritos en donde el triunfo de algunos
de los candidatos sea menor o igual al 1%. Allí si se abrirán los paquetes
electorales y se contará voto por voto.
La demanda
de López Obrador se sustenta fundamentalmente en el criterio de que hubo
inequidad en la competencia electoral debido a que el candidato del PRI rebasó
los topes de gastos de campaña; que su partido acarreó y compró votos; y que
contrajo compromisos por debajo de la mesa con algunos medios de comunicación televisiva
para manipular a la opinión pública a
favor de Peña Nieto. Si bien hubo escandalosos gastos en la campaña
presidencial para cooptar el voto y manipulación de la información en los
duopolios televisivos (Televisa-TV Azteca), eso es innegable. Sin embargo, esta
práctica nociva fue común en los
partidos políticos que ejercen el poder gubernamental estatal o federal. Fue inequitativo
porque tanto el PRI como el PAN disponían de cuantiosos recursos financieros y logísticos,
por ejemplo, el tricolor utilizó la chequera en 20 gubernaturas estatales y el
PAN en 6 entidades, más todas las delegaciones federales; mientras que el
candidato del Movimiento Progresista solo dispuso de la chequera del Gobierno
del Distrito Federal y financiamiento privado.
Así pues, el
problema no está en el ejercicio del sufragio en la urna, sino meses, semanas o
días antes cuando los electores son bombardeados a diario por una información manipuladora
o sesgada; por la presión y el temor de los ciudadanos pobres a perder el apoyo
de los programas sociales; o por las dádivas
en especie o en dinero que reciben a cambio de la promesa de votar a favor de
uno de los candidatos o partido político.
Atrás de
esta realidad está la pobreza, la ignorancia y la falta de cultura política de
los ciudadanos, sobre todo en las zonas marginadas. ¿Cómo demostrar legalmente que el voto emitido en la urna fue motivado
por estas causales? Es como pedir peras al olmo.
Quienes arremetieron
furibundamente en contra de López Obrador porque impugnó la elección presidencial
pretenden lavarse las manos. El político tabasqueño tiene todo el derecho legal
de exigir que se trasparente el proceso electivo del pasado domingo, hasta su calificación
por el TRIFE. No debe subestimarse que salieron a votar 15 millones de
ciudadanos por su proyecto de gobierno. Mal haría en no hacerlo.
Lo que si es
cuestionable es el hecho que López Obrador descalifique y ponga en duda la
honestidad de un millón de ciudadanos que fungieron como funcionarios de
casilla y a los 2 millones de representantes de todos los partidos políticos
que vigilaron el proceso electivo. Si los representantes del Movimiento
Progresista se ausentaron de las casillas, en todo caso es culpa de ellos, no
de los de enfrente. De igual manera no debe calificarse a los electores que
sufragaron por el candidato del PRI como ignorantes o masoquistas. Esta actitud
de menosprecio a quienes no votaron por el candidato de las izquierdas es un golpe
a la inteligencia y una canallada que nada tiene de republicana.
Sea cual sea
el desenlace de la pasada elección presidencial, uno de los retos a encarar será
de como evitar el indiscriminado uso de dinero subterráneo hacia las campañas prelectorales
y luego de las constitucionales, sin que dejen huella contable y auditable por
las autoridades electorales.
Otro reto
más será el definir cual debe ser el
papel de los medios de comunicación masiva en los procesos electorales y, por
supuesto, la credibilidad de las empresas encuestadoras que hoy dejan mucho que
desear.