jueves, 5 de julio de 2012

LA POBREZA FOMENTA LA MANIPULACIÓN ELECTORAL

En el curso de esta semana se desahogará el cómputo de las actas de escrutinio en los 300 distritos electorales de todo el territorio nacional. Los cómputos de las actas de más de 143 mil casillas estarán supervisadas por los consejeros ciudadanos distritales y los representantes de los partidos políticos. Seguramente habrá diversas impugnaciones en algunas de ellas que tendrán que dirimirse finalmente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Un día antes de iniciarse este cómputo distrital, Andrés Manuel López Obrador, candidato de las izquierdas, que ocupó el segundo lugar de la votación nacional, 7 puntos debajo del candidato priista Enrique Peña Nieto, solicitó al Consejo Federal del IFE limpiar la elección mediante el conteo voto por voto.

Esta solicitud fue rechazada porque de acuerdo a la Ley Electoral solo podrá hacerse este ejercicio siempre y cuando la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar sea menor o igual al 1% de la votación nacional. Que no es el caso, pues López Obrador está abajo 7 puntos respecto al candidato que ocupa el primer lugar.

En donde sí se aplicará esa norma será en aquellos distritos en donde el triunfo de algunos de los candidatos sea menor o igual al 1%. Allí si se abrirán los paquetes electorales y se contará voto por voto.

La demanda de López Obrador se sustenta fundamentalmente en el criterio de que hubo inequidad en la competencia electoral debido a que el candidato del PRI rebasó los topes de gastos de campaña; que su partido acarreó y compró votos; y que contrajo compromisos por debajo de la mesa con algunos medios de comunicación televisiva para manipular a la opinión pública  a favor de Peña Nieto. Si bien hubo escandalosos gastos en la campaña presidencial para cooptar el voto y manipulación de la información en los duopolios televisivos (Televisa-TV Azteca), eso es innegable. Sin embargo, esta práctica nociva fue común en  los partidos políticos que ejercen el poder gubernamental estatal o federal. Fue inequitativo porque tanto el PRI como el PAN disponían de cuantiosos recursos financieros y logísticos, por ejemplo, el tricolor utilizó la chequera en 20 gubernaturas estatales y el PAN en 6 entidades, más todas las delegaciones federales; mientras que el candidato del Movimiento Progresista solo dispuso de la chequera del Gobierno del Distrito Federal y financiamiento privado.

Así pues, el problema no está en el ejercicio del sufragio en la urna, sino meses, semanas o días antes cuando los electores son bombardeados a diario por una información manipuladora o sesgada; por la presión y el temor de los ciudadanos pobres a perder el apoyo de los programas  sociales; o por las dádivas en especie o en dinero que reciben a cambio de la promesa de votar a favor de uno de los candidatos o partido político.

Atrás de esta realidad está la pobreza, la ignorancia y la falta de cultura política de los ciudadanos, sobre todo en las zonas marginadas. ¿Cómo demostrar legalmente      que el voto emitido en la urna fue motivado por estas causales? Es como pedir peras al olmo.

Quienes arremetieron furibundamente en contra de López Obrador porque impugnó la elección presidencial pretenden lavarse las manos. El político tabasqueño tiene todo el derecho legal de exigir que se trasparente el proceso electivo del pasado domingo, hasta su calificación por el TRIFE. No debe subestimarse que salieron a votar 15 millones de ciudadanos por su proyecto de gobierno. Mal haría en no hacerlo.

Lo que si es cuestionable es el hecho que López Obrador descalifique y ponga en duda la honestidad de un millón de ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla y a los 2 millones de representantes de todos los partidos políticos que vigilaron el proceso electivo. Si los representantes del Movimiento Progresista se ausentaron de las casillas, en todo caso es culpa de ellos, no de los de enfrente. De igual manera no debe calificarse a los electores que sufragaron por el candidato del PRI como ignorantes o masoquistas. Esta actitud de menosprecio a quienes no votaron por el candidato de las izquierdas es un golpe a la inteligencia y una canallada que nada tiene de republicana.

Sea cual sea el desenlace de la pasada elección presidencial, uno de los retos a encarar será de como evitar el indiscriminado uso de dinero subterráneo hacia las campañas prelectorales y luego de las constitucionales, sin que dejen huella contable y auditable por las autoridades electorales.

Otro reto más será el  definir cual debe ser el papel de los medios de comunicación masiva en los procesos electorales y, por supuesto, la credibilidad de las empresas encuestadoras que hoy dejan mucho que desear.