El problema de la bancarrota de la Hacienda Municipal denunciada por los actuales presidentes municipales de más de una decena de ayuntamientos gobernados por priistas, panistas y perredista deberá ser atendida por el nuevo Gobierno Estatal y por la XXX Legislatura Local.
Sobra decir cuáles fueron las causas del gravísimo endeudamiento público en esos ayuntamientos: una pésima administración, desvíos de recursos públicos a precampañas electorales, corrupción, saqueo indiscriminado de bienes y tráfico de influencias a favor de amigos y compadres de los ex alcaldes que hoy están en la picota pública acusados de vaquetones y sinvergüenzas.
Como señalé en alguna columna anterior, el pueblo pasó factura a los partidos que los postularon. Allí está como un ejemplo emblemático la nueva correlación de fuerzas políticas en el Congreso del Estado y en la distribución del poder municipal en nuestra Entidad.
Ante esta nueva realidad política se deben tomar medidas preventivas para que dentro de 3 años no se repita esta misma historia.
El Congreso del Estado que preside el Dip. Armando García ya tomó la iniciativa. Dio a conocer a la opinión pública que esta vez serán muy cuidadosos en el análisis y la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de los 20 ayuntamientos y, por otra parte, normar con mayor rigor el techo de la adquisición de Deuda y que su aplicación sea destinada a obra pública y nó al gasto corriente.
Por otro lado, debe entrar en acción el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al primero corresponderá orientar a los nuevos Ediles qué acciones serán susceptibles de fiscalización y cómo deben llevar sus estados contables para no violentar la Ley.
Por su parte, el Instituto de Transparencia deberá brindarles cursos de capacitación técnica para que suban obligatoriamente a su página web toda su información de las diferentes áreas de la administración, sus Planes y Programas de Gobierno, Gasto Público, Ingresos propios, estatales y federales y en qué y en dónde son invertidos. En suma: transparentar el ejercicio del Gobierno.
Otra institución que debe participar activamente en la ejecución de un buen gobierno es la Coordinación para el Fortalecimiento Municipal que dirige el Profr. Alberto Acebo Gutiérrez. Su papel no debe circunscribirse a la de un simple burócrata gestor de préstamos para sacar de aprietos financieros en los tiempos de vacas flacas, sobre todo en época navideña o en situaciones de emergencia. Su papel debe ir más allá, esto es, la de capacitar y orientar a los Ediles a dónde tocar puertas para gestionar recursos financieros frescos, sean de la federación o de instituciones internacionales que apoyan programas específicos de desarrollo social.
Finalmente a COPLADENAY corresponderá una importante responsabilidad: dotarlos de la herramienta técnica y metodológica a los Secretarios de COPLADEMUN en materia de planeación, programación, ejecución, supervisión y evaluación para que en función a las prioridades de sus comunidades diseñen su Plan Municipal de Desarrollo. De esta manera no habrá improvisación en el ejercicio del servicio público, porque “a río revuelto ganancia de pescadores”. Por eso estamos como estamos. Los que se fueron se esconden en la impunidad y los que ahora arribaron a los gobiernos municipales en quiebra, que no se quieran lavar las manos antes de tiempo.
