Los inconformes
no solo van en contra de esa evaluación pactada el año pasado por la presidenta
vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE),
Profra. Elba Esther Gordillo y el gobierno de Felipe Calderón, sino que ahora
bloquean algunos almacenes en donde se guarda la prueba “ENLACE” que se aplica
desde hace años a los alumnos de primaria y secundaria en todo el país con el propósito
de conocer sus niveles de enseñanza
aprendizaje. A esta demanda agregan dos más: que las plazas de jubilados y/o
pensionados se hereden a familiares y no
sea mediante concurso de oposición; la otra es la tan cacareada consigna de
sacar del SNTE a Elba Esther Gordillo.
Los profesores
de la Coordinadora caen en contradicciones. Por un lado cuestionan el cacicazgo
de Elba Esther; pero, por otro lado, sus demandas coinciden con las posiciones de la cacique magisterial en política educativa.
A lo largo
de varias décadas, los cacicazgos en el SNTE se sostienen gracias al tejido de
complicidades entre el Gobierno Federal y el Sindicato. Cuando ascendió a la
Presidencia de la República, Felipe Calderón, apoyado por la lideresa del SNTE,
Elba Esther Gordillo, una de las premisas de ese pacto fue mejorar la calidad
del sistema educativo nacional. Fue precisamente durante la gestión de Josefina
Vázquez Mota -como titular de la SEP- cuando
se firmó la Alianza por la Calidad de la Educación. En ese pacto se acordó -por primera vez en la historia del sindicato-
otorgar las plazas mediante exámenes de oposición con el fin de acabar con el
tráfico o venta de plazas o heredarlas a familiares.
Otro de los
avances fue impulsar la carrera magisterial mediante la evaluación y capacitación
de los maestros incentivándolos con becas y estímulos económicos.
Todos estos propósitos
quedaron hechos trizas desde el día que la Profra. Elba Esther Gordillo rompió su
pacto político con el Presidente Calderón debido a que el Ejecutivo Federal
cerró la chequera del ISSSTE al SNTE.
Fue hasta el
año pasado, en la gestión de Alonso Lujambio cuando la líder magisterial,
presionada por la Federación Nacional de Padres de Familia y por el clamor
popular, se vio obligada a firmar el compromiso de la evaluación universal al
magisterio federal. Sin embargo, por cálculos políticos-electorales continúa
regateando ese compromiso aduciendo el desconocimiento de qué, cómo y quiénes evaluarán para darle certeza y transparencia
al susodicho exámen.
Curiosamente
estos argumentos son los mismos que
aducen los líderes de la Coordinadora coincidiendo con los de la cacique magisterial,
a la que tanto detestan y exigen su dimisión. ¿Como entender esta posición contradictoria
de los maestros disidentes? Solo hay una explicación; a saber: a los maestros
paristas les importa un bledo la calidad de la educación. Si así fuera no hay
una razonable explicación para oponerse a que sean evaluados y luego
capacitados para el mejor desempeño de su profesión.
En esta
tarea tiene mucho que ver los gobernadores de
las entidades en conflicto. Qué paradoja: en los estados de Chiapas,
Oaxaca y Guerrero, gobernados por alianzas de partidos de izquierda cedieron a
la demanda de no practicar la evaluación universal e incluso, en Guerrero, el
gobernador aprobó la demanda de que las plazas a jubilados y/o pensionados
fueran heredados a familiares. O sea, las mismas viejas prácticas de opacidad y
clientelismo que durante décadas ha sido el pilar del cacicazgo en el SNTE.
En cambio,
en aquellas entidades gobernadas por el PRI o el PAN, el magisterio federal continúa
férreamente controlado por sus dirigentes locales. Si bien es cierto que hay
algunas protestas, todo indica que estarán dispuestos a ser evaluados el
próximo mes de junio y julio. El tufo de Elba Esther contaminó las demandas de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Entonces para qué derrocarla?
