Por
Francisco Cruz Angulo
Una
población con buenos niveles educativos y bien informada no es fácil presa de
tiranuelos o de políticos demagogos. Con los instrumentos legales que existen
en nuestro sistema constitucional pueden inconformarse y echar abajo decisiones
de gobierno que afectan directamente sus intereses.
Una
condición necesaria es la organización y el conocimiento de las leyes
correspondientes.
Esta
reflexión viene a cuento por la recién aprobada Ley de Participación Ciudadana
por el Congreso del Estado que preside el Dip. Armando García Jiménez.
Esta Ley fue
previamente consensuada y luego aprobada por unanimidad por todas las
fracciones parlamentarias de esa Legislatura, lo cual expresa una gran
sensibilidad a las demandas de la sociedad y la capacidad de interlocución de
esa legislatura.
Solo hizo
falta agregar a los Derechos ciudadanos una figura de gran trascendencia para la
democracia: la Revocación de Mandato, un instrumento jurídico de la ciudadanía
que podría ejercer cuando un gobernante, por sus acciones autoritarias y
corruptas, plenamente documentadas, sea un lastre para la sociedad. No
tendríamos que tolerarlo 3 o 6 años para echarlo del poder.
Pero no todo
es negro para la clase política. Hay servidores públicos que son ejemplo de
compromiso social, honradez, tolerancia y respeto a las diversas expresiones
políticas y a las libertades ciudadanas.
Estos
servidores públicos (alcaldes, diputados locales y federales y senadores) tienen
todo el derecho a ser reelectos porque hicieron bien su trabajo. De hacerlo
ganaríamos en tener presidentes municipales y legisladores con una mayor
experiencia política, administrativa y parlamentaria. Tres años no son
suficientes para que los Ediles construyan grandes proyectos de transformación comunitaria;
3 o 6 años son insuficientes para que tengamos excelentes legisladores de carrera
profesional.
Por otro
lado sería una manera de evitar costosas campañas preelectorales y el trapecismo de los políticos que brincan
de un puesto a otro sin haber cumplido el término del mandato por el cual
fueron electos.
Ahora bien
si los nayaritas disponen de nuevos derechos de participación ciudadana como lo
son el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular de nada servirá
tenerlos en el papel.
Es aquí
donde los partidos políticos, las asociaciones civiles, los organismos no
gubernamentales, las cámaras empresariales, los gremios sindicales tiene una gran
responsabilidad en hacerla cumplir.
La protesta
aislada, anónima o la utilización de las redes sociales para denostar o
denunciar a los malos gobernantes solo conduce a la frustración y al
ahogamiento de la protesta que ni siquiera inmuta a los gobernantes. Entre más dispersa esté la
inconformidad de los ciudadanos mejor para ellos. Como dicen: “nos hacen lo que
el viento a Juárez”.
Ah, ¿pero qué
pasará cuando el ciudadano esté bien
informado y haga valer sus derechos con la organización y la movilización? De
seguro que el rostro y la actitud de nuestros gobernantes cambiará. Pues allí
está esa herramienta constitucional aprobada por la XIX y XXX Legislatura.
Lamentablemente
ninguno de los partidos políticos, ni organizaciones sociales y cívicas parece
no darle la debida importancia. Es necesario que se dieran a la tarea de una
campaña de divulgación y concientización de la mencionada Ley de Participación
Ciudadana; y luego comprobar que los tres niveles de gobierno están dispuestos
a acatar el mandato ciudadano. Esto elevaría la cultura democrática de los
nayaritas.
Por cierto
fue ridícula la protesta pública que hizo en días pasados los dirigentes del
Partido del Trabajo cuando algunos de sus militantes desplegaron una manta en
una de las bocacalles de ciudad universitaria con la leyenda DI NO A LAS PLACAS
DE LA GENTE. Ni para protestar tienen imaginación.
