Otro acontecimiento inédito en la historia política de Nayarit fue la protagonizada por un numeroso grupo de habitantes de la cabecera municipal de Jala quienes en un plantón de 2 días frente al Palacio Municipal exigieron que su alcalde, Miguel González González se abstuviera de basificar a 25 empleados de confianza. Reclamaron que ya basta que utilicen ese puesto para comprar o premiar lealtades con claros propósitos electorales.
Los manifestantes jaleños señalaron además otras razones: que se engordará el aparato burocrático en perjuicio de la salud financiera de la Hacienda Municipal y, por ende, no habrá recursos para invertirlos en el mejoramiento de los servicios públicos, ya no digamos para hacer nueva obra de infraestructura.
El instinto del pueblo no se equivoca como dijera alguna vez el fallecido Alejandro Gascón Mercado. Desde el pasado trienio hemos visto como se ha incrementado la deuda pública en la mayoría de los ayuntamientos nayaritas, a tal grado que prácticamente están en bancarrota como el de Santiago Ixcuintla y de Tepic que tienen embargadas sus Cajas por la Comisión Federal de Electricidad y el Seguro Social.
Dos razones que explican este fenómeno: una, que heredaron de sus antecesores onerosa deuda pública de la que no pudieron pagar en los tiempos convenidos; dos, a que una gran parte de los recursos de la Hacienda Municipal fueron desviados a financiar campañas preelectorales camufladas de programas asistenciales. Ante tales hechos es lógico que las actuales administraciones entregarán una bomba de tiempo a los que asumirán el cargo en septiembre próximo. Si a lo anterior le sumamos el hecho que alcaldes irresponsables, en complicidad o con la vista gorda del SUTSEM estén basificando a sus empleados de confianza podríamos estar ante un escenario de irritabilidad popular de imprevisibles consecuencias para la gobernabilidad de nuestra Entidad.
La nueva Legislatura Local que preside el Dip. Armando García y el próximo Gobernador del Estado, Roberto Sandoval Castañeda tendrán un gran reto a vencer: el primero, consensuar con todas las bancadas partidistas reformas a la ley orgánica de la administración pública estatal y municipal que ponga normas claras y precisas para evitar que los ayuntamientos se sobre endeuden y, además, se evite que los presidentes municipales discrecionalmente continúen engordando irresponsablemente el aparato burocrático.
Según algunos trascendidos se dice que al final de este sexenio, las nominas del gobierno estatal y municipales por concepto de salarios y demás prestaciones se incrementaron hasta un 85% de sus ingresos. Se comenta, además, que este incremento de plazas a empleados de confianza es parte de una estrategia política-electoral de cara a la sucesión presidencial en el 2012, en tanto que sus beneficiarios serán los promotores de votos en la estructura electoral del partido en el poder.
