El día de ayer la Cámara de Diputados se vio atestada por un numeroso grupo de ejidatarios pertenecientes al núcleo ejidal Heriberto Casas, los que demandan ante esa representación popular su intervención para que la Asociación Civil del Club Ejido no sé apropie de los terrenos en donde está asentada desde hace varias décadas la cancha deportiva, ubicada al poniente de esta capital.
Según el decir de los inconformes, la resolución a favor de dicha asociación emitida en días recientes por la jueza María Luisa de León Mejía pone en riesgo el patrimonio familiar de decenas de ejidatarios. Señalan, además, como responsables de la enajenación de ese terreno deportivo al Senador Gerardo Montenegro y al diputado local Antonio Serrano Guzmán, este último asesor jurídico de dicha organización civil.
Este conflicto tiene dos aristas; a saber, por el lado de los ejidatarios reclamantes surge la pregunta de el por qué después de 40 años de existencia de esa unidad deportiva hasta ahora la reclaman. En cierta manera hay una acción de gandallísmo de parte de las autoridades ejidales puesto que de haber entregado en calidad de usufructo de ese terreno para fines deportivos, ahora lo reclaman cuando dicho campus tiene una importante infraestructura y, naturalmente, el valor comercial se elevó a una millonada de pesos, lo que es obvio despertó la ambición patrimonialista de los lideres ejidatarios.
En otra vertiente de ese problema desconocemos si antes de la resolución de la jueza a favor de la Asociación Civil “Club Ejido” hubo pláticas de avenimiento entre las partes, esto es, entre autoridades ejidales y los asesores del mencionado club deportivo, el Senador Gerardo Montenegro y el Legislador liberatista que pintó la camiseta de azul panista para ganar ese escaño en el distrito de Tuxpan. Sería incorrecto y falaz que se quisieran apropiar a chaleco de ese predio, aún cuando su uso deportivo es inobjetable.
Similares acciones se vienen ejecutando en varias colonias de Tepic en donde están asentadas canchas deportivas que, en su momento fueron puestas en usufructo por autoridades ejidales, pero que al correr de los años estas han quedado inmersas en zonas urbanas, lo que ha traído como consecuencia que sus propietarios las reclamen para darles un uso comercial en detrimento de la promoción del deporte en nuestra niñez y juventud.
Si vamos a ese paso, Tepic se quedará sin canchas deportivas, a menos que las autoridades estatales, de común acuerdo con sus dueños expropien esos terrenos deportivos por utilidad pública, claro, con su respectiva indemnización.
Los gobernantes estatales y municipales deben ser congruentes con sus ofertas de campaña electoral cuando se comprometieron a impulsar las actividades deportivas para que nuestros jóvenes no caigan en las garras de la drogadicción o de las bandas del crimen organizado. Hay que abrir más canchas deportivas en colonias, ejidos y comunidades rurales, en vez de cerrar estos espacios por los intereses económicos de particulares o de autoridades ejidales.
