En la era del internet, los gobernantes están más expuestos
al escrutinio y a la crítica popular en el ejercicio de su administración.
Durante la pasada semana el Gobernador del Estado, Roberto
Sandoval y el Presidente de la República Enrique Peña Nieto son víctimas de
burlas y acerbas críticas por medios de
las redes sociales a consecuencia de toma de decisiones que seguramente no
fueron bien sopesadas en su justa
dimensión.
La primera la tomó el mandatario estatal cuando aceptó haber
contratado los servicios del cantante de fama internacional, Luis Miguel para
que fuera el principal artista que ofreciera un concierto en la próxima Feria
Nacional de Tepic. Dicho concierto musical será el 4 de marzo en el recinto
ferial y la entrada será totalmente gratuita. Argumentó que con esta
presentación de Luis Miguel atraerá turismo nacional y hasta extranjero, lo que
se reflejará en la economía de Tepic.
Tal vez a Roberto Sandoval lo motivó de hacer un acto de
bueno fe pensando en el derecho que tiene la gente pobre a disfrutar a este
tipo de espectáculo al que solo acceden los que pueden pagar un boleto caro.
Sin embargo no midió las consecuencias al no tomar en cuenta
el entorno de crisis financiera en la Hacienda Estatal y Municipal que él mismo
se ha lamentado. Obviamente la crítica no se hizo esperar. ¿Cómo dilapidar
–según cálculos de muchos- 10 millones de pesos que costará Luis Miguel en la
Feria de Tepic cuando se tiene una deuda de 6 mil millones de pesos y cuando
hay muchas carencias urgentes de atender
en los servicios de salud,
educación, vivienda y servicios públicos?
Ahora si el pago al artista no va a salir de la Hacienda
Estatal, en aras de la transparencia el Jefe del Ejecutivo hubiera precisado
con claridad cuanto cobrará realmente Luis Miguel. Si no es el Gobierno,
quienes serán las empresas patrocinadoras del evento. De esta manera no se
dejará a la especulación de la gente.
Como no se aclaró con claridad -válgase la redundancia- nunca como ahora el Gobernador ha sido objeto
de feroz crítica y chunga en las redes sociales. Los asesores del Ejecutivo
Estatal no entienden ese dicho popular que dice que después de una buena borrachera, viene una terrible cruda moral y
económica. ¿Vale la pena esa borrachera para tener contenta a la gente?
Por su parte, Enrique Peña Nieto dio el primer traspié. En un
acto de buena fe y en aras de la transparencia, él y su gabinete dieron a
conocer públicamente su patrimonio familiar.
Al conocer la declaración patrimonial de Peña Nieto solo
aparecen generalidades: ingresos mensuales de 193,000 pesos, 4 casas, 4
terrenos, un departamento, joyas y obras de arte; aclaró que algunos de sus
bienes fueron adquiridos por herencia o donación. El detalle de su patrimonio
–según lo aclaró después un vocero oficial- quedó bajo resguardo secreto de la
Secretaría de la Función Pública. Si bien la Ley no los obliga a que su
declaración de su patrimonio lo hagan público, ¿Entonces para qué hacerlo a medias?
Ese acto de buena fe del Presidente se le revirtió negativamente en la opinión
de la gente. Por ejemplo: ¿Cuál es el valor comercial de sus bienes e
inmuebles; el de sus joyas, obras de arte
y cuál es el patrimonio de su esposa? Eso nunca lo sabremos por lo que
no podremos cotejar al final de su mandato presidencial si hubo o no
enriquecimiento ilícito a la sombra del poder público para beneficiarse él o su
círculo familiar.
Un dato que fue motivo de la crítica de prestigiados
analistas nacionales fue el rubro de la adquisición de bienes por donación. Se
les olvidó que la actual Ley no permite la donación a servidores públicos. Eso
es ilegal. Vaya pifia de los asesores del Presidente.
