Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
Hace unas semanas el dirigente estatal de “El Barzón”, Tomás
Pérez Ruiz hizo un llamado a la delegación estatal de la Procuraduría Federal
del Consumidor (PROFECO) cuyo titular es el Lic. Carlos Federico Vázquez Chávez
a que iniciara una cruzada de inspección a la gran cantidad de casas de empeño
que en los dos últimos años crecen como hongos por toda la entidad.
La queja del líder barzonista se refería a la irregular cobra
de intereses y contratos leoninos que ponen en riesgo el patrimonio familiar de
los usuarios.
Atendiendo a esa denuncia y a muchas otras la Procuradora
General de Protección al Consumidor, Lic. Lorena Martínez Rodríguez ya había ordenado
a todas sus delegaciones estatales inspeccionar a todas las casas de empeño que
existen en el país incluido a la centenaria casa de empeño el Monte de Piedad.
De esa supervisión arrojó los siguientes datos:
Se supervisaron 8, 676 casas de empeño; de entre ellas 1,600
fueron sancionadas por diversas irregularidades. Informó que el 40% fueron sancionadas y en el 36% se colocaron
sellos de suspensión provisional.
Por lo que corresponde a Nayarit fueron verificadas 45 casas de empeño; de estas 36 se les
encontró diversas irregularidades por lo que se les colocó sellos de suspensión
provisional. Entre las irregularidades encontradas es el no estar inscritas al Registro
Nacional de Casas de Empeño; otra irregularidad en la que incurrieron es el
hecho que los contratos de pignoración no estaban autorizados por la delegación
de la Profeco. Actuaban a su libre conveniencia en perjuicio de los usuarios.
Sin embargo, hasta hoy no se han regularizado las casas de
empeño sancionadas, ya sea por cuestiones burocráticas o por la indolencia de
sus propietarios. En hora buena que la Profeco en Nayarit metió en cintura a
quienes aprovechándose de la pobreza de la gente realizan jugosos negocios.
Otro reclamo popular es poner freno a los dueños de gasolineras
y gas doméstico.
El reclamo es el mismo de hace años, esto es, que las bombas
de gasolina están amañadas para no entregar completos los litros que se les
compra. Lo mismo ocurre con las gaseras que proporcionan tanques de gas con
menos kilos.
Si bien la Profeco realiza campañas regulares de verificación
a las gasolineras y algunas son sancionadas y clausuradas en menos que canta un
gallo vuelven a hacer de las suyas.
Las multas les hacen lo que el viento a Juárez.
Es más las plantas gaseras se dan el lujo de no permitir que
los verificadores de la Profeco ingresen a sus instalaciones para corroborar su
buen funcionamiento.
Allí está como ejemplo emblemático la empresa “Gas Express
Nieto”, la misma que una de sus pipas ocasionó el incendio y el derrumbe del
Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, D.F que provocó hasta el día de hoy dos
enfermeras y dos menores muertos y una decena de heridos por quemaduras que los tienen al borde de la
muerte y con daños colaterales que ascienden a más de 500 millones de pesos.
Según la Procuradora General de la Profeco, Lic. Lorena
Martínez esta empresa tiene un adeudo acumulado de 20 millones de pesos en
multas y no son pagadas porque se están litigando en los tribunales de la
justicia administrativa 167 expedientes.
Dijo que gran parte de esas multas corresponden a que dicha
empresa gasera no permite el acceso a sus instalaciones a los verificadores de
la Profeco para inspeccionar si cumplen
con lo que señala la ley de protección al consumidor.
Por tales razones la Lic. Lorena Martínez Rodríguez promoverá
una reforma a la Ley de protección al Consumidor ante el Congreso de la Unión con
la finalidad de que se amplíen las facultades de la Profeco con la idea que sus
decisiones vayan más allá de las multas y sean vinculatorias a procesos penales
para quienes infrinjan la ley de Protección
al Consumidor.
¿O habrá que esperar a que haya más muertes de gente inocente
para que las autoridades competentes pongan un hasta aquí a las prepotentes
empresas que tienen concesionados estos servicios públicos?