Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
Finalmente el Pleno del Senado de la República aprobó el
proyecto de Decreto que crea a la Ley General de Acceso a la Información
Gubernamental y Protección de Datos luego de un intenso debate para dotar de
las herramientas legales al IFAI que ningún sujeto obligado eluda la Ley.
En este nuevo mandamiento normativo serán sujetos obligados
los tres poderes del Estado, los tres órganos de gobierno municipal, estatal y
federal, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos, órganos autónomos y
personas físicas y morales que manejen recursos públicos.
Además será un derecho ciudadano el conocer el curso de las
investigaciones cuando se trate de una violación grave a los Derechos Humanos y
delitos de lesa humanidad.
Cuando la fuente informativa se niegue a entregar datos por
razones de Seguridad Nacional esta vez tendrá que explicar a detalle por qué no
lo hace.
Si algún sujeto obligado no atiende este derecho a la
información será sancionado en los términos que marca la Ley.
Este gran paso en contra de la corrupción pública no es
suficiente. Habrá que estar vigilantes que una vez que se promulgue la Ley
General de Transparencia por el Presidente Enrique Peña Nieto, el Congreso de
la Unión reinicie el debate de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción
mismo que será el instrumento jurídico para castigar penal y
administrativamente a los servidores públicos corruptos.
Organizaciones civiles, entre otras, “México primero”
solicitaron a los legisladores que en las leyes reglamentarias del Sistema
Nacional Anticorrupción debe ser obligatorio que todos los servidores públicos hagan
pública su declaración patrimonial, declaración de impuestos y declaración de
conflicto de interés, ya que estas tres declaraciones no quedaron asentadas en
la Ley de Transparencia.
Sin esta información pública jamás podremos conocer en qué
momento roban o desvían recursos del Erario Nacional. Los unos se protegerán a
los otros en tanto sea información confidencial y los protegerá el velo de la
impunidad.
El otro paso en contra de la corrupción es la total autonomía
de los de los Ministerios Públicos, capacitarlos y pagarles un salario
decoroso.
Otro paso trascendente en contra de la corrupción es, sin
duda la autonomía plena de lo que será la Fiscalía General de la República, (en
sustitución de la PGR) y de la Fiscalía
Anticorrupción. Estos deben ser nombrados directamente por el Senado de la
República y no de entre una terna enviada por el Ejecutivo Federal. Así los Fiscales
podrán ser garantes de que se aplique la ley más allá del interés partidista o
de cualquier interés económico.
Otro elemento más valioso para que funcione la Ley de
Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción es la denuncia ciudadana, la
consulta de las organizaciones civiles y los medios de comunicación.
Parodiando un ejemplo que hizo el ex consejero presidente del
IFE, Carlos Ugalde respecto a esas leyes: “es como una casa en donde se inicia
un incendio, los vecinos ven humo y perciben que hay fuego y llaman a los bomberos
y estos llegan al lugar de los hechos y apagan el fuego luego dan parte a las
autoridades correspondientes para que se investigue y se castigue a los
responsables”.
De nada servirán estos instrumentos legales en contra de la
corrupción y rendición de cuentas de todos los servidores públicos si los
ciudadanos, periodistas y organizaciones civiles no escrudiñamos a diario los
portales de internet en donde estará toda la información pública gubernamental
y verificar si los datos coinciden con los hechos…
