Lo anterior
lo podemos constatar en los resultados finales: el PRI solo le alcanzó para
integrar una bancada de 207 diputados; y aun sumando los votos de su aliado el
PVEM, -33 curules- no le alcanzará para hacer reformas ni siquiera por mayoría
simple. Los ciudadanos al votar por un gobierno dividido mandaron la señal que
el partido gobernante tendrá que buscar el diálogo y la negociación con las
demás fuerzas políticas.
En la pasada
elección, las izquierdas en su conjunto (PRD, PT, Movimiento Ciudadano), los
ciudadanos votaron por 136 diputados para que los representara en la próxima
Legislatura Federal.
Contra lo que
se pensó, todos los partidos minoritarios incrementaron su votación y el número
de curules: el PVEM, 33; PT, 19; Movimiento Ciudadano, 16 y el PANAL, 10.
Evidentemente los que perdieron más curules fue el PRI y el PAN, lo que
manifiesta que los electores decidieron fortalecer a los partidos pequeños y
obligará al PRI y al próximo Presidente de la República de tomarlos en cuenta
en aquellas circunstancias en donde se tomen las grandes decisiones en
políticas públicas.
A los
partidos de izquierda les fue muy bien en la pasada campaña presidencial y al
Congreso de la Unión; a saber: 15 millones y medio de votos a favor de Andrés
Manuel López Obrador, colocándolo en el segundo lugar. Su campaña fue titánica.
Navegó a contra corriente al enfrentarse a toda la maquinaria del gobierno
panista; a la poderosa estructura territorial del PRI abrevada en 20 gobiernos
estatales; y una permanente descalificación en los medios de comunicación
televisivos que manipularon deliberadamente o no las encuestas a favor del
candidato priista, Enrique Peña Nieto.
Como señalé,
las izquierdas ganaron 136 diputaciones federales; 28 escaños al Senado de la
República y las gubernaturas del estado de Tabasco, Morelos y el emblemático
gobierno del Distrito Federal.
Independientemente
de cual será el desenlace final de la demanda de invalidez de la elección
presidencial presentada por López Obrador a los magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), toda esa fuerza política
electoral no debe echarse por la borda. La difícil situación de nuestro país
exige que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en como resolver lo
que más agobia a los mexicanos, esto es, la violencia armada de la delincuencia
organizada en las calles; la falta de crecimiento de nuestra economía para que
generen millones de empleos; sacar de la crisis al sector energético (pivote de
nuestra economía); una reforma integral a nuestro sistema educativo; una mejor
redistribución de la riqueza nacional mediante una reforma hacendaría de largo
alcance ; abatir los índices de pobreza extrema de millones de mexicanos y
reactivar al sector agropecuario y piscícola
para abaratar los alimentos de consumo popular.
Esta vez,
los partidos de izquierda no deben de excluirse en la toma de decisiones del
Poder Ejecutivo y Legislativo. De otra manera dejarán el camino libre a que de
nueva cuenta la conducción del país quede en manos de la ya tradicional alianza
de gobierno entre el PRI, el PAN y los poderes fácticos del país, como son los
poderosos duopolios de la comunicación televisiva y los grandes empresarios.
Si como
promete el presidente electo, Enrique Peña Nieto ejercerá un gobierno
democrático y plural, que mejor momento para allegarle y luego negociar las
propuestas de la agenda del “Movimiento Progresista”. Continuar dando palos de
ciego no abonará al proceso democrático de nuestro país.
El
movimiento lopezobradorista podría ser la vanguardia de los grandes cambios que
exige la nación, siempre y cuando no quede atrapado en la mezquindad de los intereses
patrimonialistas de los partidos de izquierda o de liderazgos mesiánicos que anteponen la gloria personal al interés
de una mayoría de mexicanos que reclama
de sus dirigentes resultados tangibles que
se reflejen en una mejor calidad de vida. Las izquierdas no tienen derecho a la autoflagelación.
