Por Francisco Cruz Angulo
El mandatario de la Nación, Enrique Peña Nieto está empeñado
a exorcizar los poderes fácticos que impedían a los regímenes priistas y
panistas realizar las grandes reformas estructurales en materia de Educación, Telecomunicaciones,
Energéticos y política fiscal.
Un día después de sus 100 días de gobierno al lado del
Consejo Rector de “Pacto Por México” anunció la reforma Constitucional de
Telecomunicaciones que fue suscrita como iniciativa preferente y luego enviada
a la Legislatura Federal. A partir de hoy se iniciará el debate de esa reforma
en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el diputado perredista,
Julio César Moreno.
Este nuevo golpe mediático del presidente apoyado por el PAN,
PRI, PRD y PVEM tiene el propósito esencial de abrir los servicios de
telecomunicaciones de banda ancha y los
servicios de la radio difusión a la competencia en igualdad de condiciones para
empresas pequeñas y grandes de modo que se acaben las prácticas monopólicas en perjuicio de los usuarios. A
mayor competitividad, mejores precios y eficientes servicios. Bajo este
criterio, los concesionarios nacionales de televisión o telefonía fija o móvil,
podrá tener en sus manos menos del 51% en tanto que el otro 49% podrá estar en
manos de inversión extranjera o de otras empresas nacionales.
Como el Estado mexicano concesionará otros dos canales de televisión
abierta de cobertura nacional aquellas empresas que dispongan hasta del 12% de Megahertz (MHz) no podrán competir. En la
telefonía móvil se abrirá la competencia a la inversión extranjera hasta el
100%, lo que obligará a las compañías nacionales a modernizarse y mejorar sus
precios al consumidor.
Para que se cumpla este mandato constitucional se creará la Comisión
Federal de Competencia, órgano autónomo
y con poderes constitucionales.
Con esta medida el Gobierno Federal garantizará a todos los
mexicanos acceso a los modernos medios de comunicación, televisión, telefonía
fija y móvil e internet, tal y como lo mandata la Constitución.
Otro elemento inédito es el hecho que el Presidente de la
República no será más el dador de las
concesiones a empresas en telecomunicaciones o de radio difusión. Esta vez será
un órgano autónomo, legitimado constitucionalmente denominado Instituto Federal
de Telecomunicaciones, integrado por 5 comisionados ratificados por el Senado
de la República.
Esta disposición evitará el manoseo político por empresarios
y partidos políticos a cambio de favores electorales.
En los anteriores regímenes priistas y panistas las
concesiones eran utilizadas como valores de cambio. Recordemos aquellas
memorables palabras del “Tigre Azcárraga” dueño de Televisa que dijo que él era
el primer soldado del PRI. Esta red de complicidades parece que llegará a su
fin. Será ese órgano autónomo quien decidirá el destino de las concesiones y a
quien las infrinja tendrá facultades legales para quitárselas.
Otro punto nodal es la de los contenidos de la televisión,
radio e internet. El Instituto Federal de Telecomunicaciones vigilará que los
contenidos sean para una mejor calidad de la información, la divulgación de la
cultura y de los valores humanos; la recreación y la divulgación de los
adelantos científicos y tecnológicos, es decir, que cumplan un servicio social
a la comunidad y no como manipuladores de la opinión pública con tintes de
promoción electoral. Bien lo dijo el Presidente Peña Nieto: que no se engañe al
usuario dándole propaganda política por información.
Con estas acciones no se pretende coaptar la libertad de
expresión sino que los concesionarios proporcionen una información veraz y
oportuna y no sesgada por intereses políticos o económicos. Eso esperamos.
De concretarse esta reforma constitucional, al igual que la
reforma educativa, por su complejidad habrá que esperar las leyes reglamentarias
y de quienes integren los institutos correspondientes.
Lo que sí debe tenerse especial cuidado es no incurrir en los
vicios del pasado cuando los comisionados eran designados por criterios de
cálculos partidistas. Allí está como mal ejemplo el IFE que en las dos últimas
elecciones constitucionales fue restructurado porque no se ajustó su línea al
interés de tal o cual partido político.
Así como lo aseguró el Jefe de la Nación se trata de no
administrar a México sino de transformarlo. Aprovechemos esta disposición histórica del mandatario
priista y de los dirigentes de los tres partidos mayoritarios que están
dispuestos a refundar nuestras instituciones democráticas.
No será tarea fácil. Todavía hay intereses económicos y
políticos muy poderosos que ocultan sus verdaderas intenciones bajo un disfraz
de benevolencia y tolerancia. Estos son los casos de “américa móvil” de Carlos
Slim que controla Telcel y TELMEX; Televisa y Televisión Azteca, quienes en las
últimas décadas amasan cuantiosas fortunas por el control cerrado a la
competencia; y ciertos políticos que hoy están agazapados esperando los tiempos
del viejo régimen priista y panista.
