Por
Francisco Cruz Angulo
En
Chilpancingo, Guerrero se constituyó a fines de la semana pasada el Movimiento Popular Guerrerense en donde confluyeron los
profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en el
Estado de Guerrero, diversas organizaciones civiles, padres de familia y
policías comunitarios.
Este frente
de lucha popular fue a iniciativa de los
profesores afiliados a la Coordinadora luego
que fueron desalojados por la Policía
Federal de un plantón que bloqueó la autopista México-Acapulco en sus cuatro
carriles de ida y vuelta perjudicando a miles de automovilistas que se quedaron
varados por más de 6 horas durante la pasada semana santa.
La demanda
central de los maestros disidentes es dar marcha atrás a la reforma al Artículo
3° Constitucional aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por el
Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto.
Este tipo de
resistencia a la reforma Educativa surge en mayor o menor medida en los estados
de Michoacán, Morelos, Estado de México, Chiapas y Oaxaca.
Esos
movimientos tienen dos causas en común; a saber: Su rechazo a ser evaluados
por temor al despido de no aprobar los exámenes de evaluación; dos, a perder
los privilegios que adquirieron durante el prolongado amasiato SEP-SNTE y que
aún siendo oposición los disfrutaron al
igual que los miembros del SNTE, entre otros, heredar o traficar sus plazas;
acceso a puestos administrativos en el sistema educativo estatal bajo
negociación o presión política sin tomar en cuenta el sistema escalafonario o
capacidad profesional. Además el no estar dispuestos a que se les quiten
comisionados sindicales, ya que son los
que se desempeñan en tareas del orden político-electoral en los partidos que
les son afines.
Con la
reforma al sistema educativo nacional se pondría fin a estos vicios del sistema
corporativista sindical que predomina durante varias décadas en gobiernos priistas,
panistas y perredistas.
Esta vieja
cultura corporativa y clientelar no puede desaparecer de la noche a la mañana y
por un simple decreto presidencial. Esta cultura está enraizada en todas las
entidades federativas. Por lo tanto habrá resistencia al cambio por los
caciques sindicales y por gobernadores que le sacan raja político-electoral a este
nocivo concubinato.
La reforma
de Peña Nieto en materia educativa está siendo sometida a la prueba de fuego
por estos grupos organizados. Ante tales manifestaciones de inconformidad el
Secretario de Educación Pública Emilio Chuayffet y el de Gobernación Miguel Ángel
Osorio Chong mandaron un ultimátum: o dialogo o sanciones administrativas y
penales.
El
endurecimiento del Gobierno Federal podría desbordarse en ambos lados si no se
actúa con enorme prudencia. El miedo a perder el empleo y el hambre son el
caldo de cultivo de la violencia en las calles y no habrá suficientes policías
para controlarla.
Si bien el Estado
tiene el derecho de utilizar la fuerza policiaca para preservar el orden y la
seguridad pública, sobre todo cuando se daña a terceros. La línea de fuego es
demasiado delgada que podría dar paso a una revuelta social en la región
centro-sur de nuestro país de consecuencias imprevisibles.
Gobernar no
es legislar; las leyes por si solas no cambian la realidad. Estas tienen que
traducirse en acciones de gobierno que mejoren las condiciones de vida de todos
los ciudadanos.
De
concretarse los cambios cualitativos en nuestro sistema educativo nacional se
estará sentando las bases para la edificación de una nueva cultura de
corresponsabilidad entre gobernantes y gobernados.
Ante una
eventual exacerbación en el ánimo de los grupos radicales del magisterio, el
gobierno de Peña Nieto deberá seguir su política de diálogo y negociación política en busca de acuerdos.
Hasta hoy su
buena política de comunicación le ha dado buenos resultados al generar una
percepción de gobernabilidad en el país. No obstante, el pueblo exige ver
resultados.
