Es difícil
no dejar de opinar sobre el caso de la ex convicta, Florence Cassez
recientemente puesta en libertad por sentencia por tres ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN).
La francesa
estaba sentenciada a 60 años de cárcel por delitos de secuestro y delincuencia
organizada. Llevaba 7 años de cárcel cuando fue liberada.
Los
ministros de la Corte sustentaron su libertad en que el Ministerio Público
Federal, representado en aquella época por el Sr. Genaro García Luna no cumplió
el debido proceso al violentarse sus derechos humanos y armar todo un montaje
teatral por radio y televisión para inculparla violentando la presunción de
inocencia de lo inculpada como secuestradora. Con ello dijeron viciaron de
origen todo el proceso penal.
Aclararon
los ministros que no juzgaron si era o no culpable de los delitos por los
cuales fue procesada y sentenciada sino porque el Ministerio Público Federal no
acató procedimientos legales para llevarla a juicio.
La libertad
de la francesa Florence dividió a la opinión pública. Un sector de la sociedad
considera que los ministros sentaron un procedente para que los responsables de
procurar justicia se conduzcan con apego a la Ley, respeten los Derechos
Humanos, no prefabriquen pruebas o arranquen confesiones mediante la tortura
física o sicológica.
En el
régimen de Felipe Calderón no solo se cometieron numerosos abusos de autoridad
en el marco de la guerra fallida en contra de la delincuencia organizada sino
que fue utilizado el garrote policiaco y militar por razones de cálculos
políticos.
Recordemos
el michoacanazo cuando la Agencia Federal de Investigación (AFI) detuvo a 10 presidentes
municipales de Michoacán y varios miembros del gabinete del gobernador
perredista, Leonel Godoy. Una vez que pasó el proceso electoral estatal
quedaron en libertad por falta de pruebas.
Otro caso
fue la detención del candidato a gobernador del PRD en el Estado de Quintana
Roo, al acusarlo de tener vínculos con las bandas del narcotráfico. Seis meses
después quedó exonerado de esos delitos.
El otro
aberrante caso fue el que le armó la PGR al Ing. Carlos Hank Rhon en el Estado
de Baja California Norte. Fue acusado de tráfico y posesión de armas exclusivas
del Ejército. Catearon ilegalmente su residencia y supuestamente encontraron un
arsenal de armas. Ese montaje cayó por su propio peso y el Sr. Hank Rhon quedó
en libertad.
Todos estos
casos y muchos más son testimonios de cómo se manipuló la Ley con prácticas mediáticas.
Empero hay
otro sector de la sociedad que reclama justicia para las víctimas de secuestro;
tienen razón. Se quedaron con las manos vacías luego que dejaron en libertad a
Florence Cassez a la que consideran que es culpable de secuestradora y además ya había sido sentenciada por dos
juzgados.
Según los
expertos en Derecho, el caso Florence es
irreversible y nunca sabremos si es o no culpable o inocente. El estado
mexicano tiene que reparar el daño a las víctimas y los servidores públicos que
viciaron el proceso (en este caso el ex Procurador federal, Genaro García Luna
y subordinados de primer nivel). Tienen que responder de sus hechos ante los
tribunales.
El
presidente Enrique Peña Nieto se ha comprometido a restablecer el Estado de
Derecho en nuestro país. La mejor señal es indemnizar a las víctimas y ejercer
acción penal a quienes torcieron las investigaciones y vulneraron los Derechos
Humanos.
En esta
perspectiva el subsecretario de gobernación anunció que a mediano plazo los
elementos de la Policía Federal y militares están siendo capacitados en materia
de respeto a los Derechos Humanos cuando detengan a una persona como presunta
responsable de algún delito. Luego deberán portar una cartilla, misma que sería
leída el detenido. Consta de 9 puntos, entre otros:
Al momento
de su detención se le señalarán de lo que se le acusa. Tendrá derecho a guardar
silencio; y a no inculparse; tendrá derecho a comunicarse con el familiar que
el señale e informar donde está recluido; si no tiene un abogado, el Estado
pondrá uno a su disposición; si el detenido es monolingüe tendrá derecho a la asistencia de un
traductor y si es extranjero a la asistencia de su consulado.
Esta
cartilla es casi similar a la que se aplica en los Estados Unidos. Si se cumple
será un gran paso en la procuración de la justicia. Todos seremos iguales ante
la Ley y no será prejuiciada por razones políticas o fobias personales.
Otros de los
temas que estarán a debate en los próximos días y que ha pervertido la acción
de la justicia son los llamados testigos protegidos y el arraigo por 90 días
utilizado por el Ministerio Público para la ampliación de pruebas, prácticas
que son anticonstitucionales, pues la Ley dice que en un plazo de 72 horas el
detenido debe ser puesto en libertad por falta de pruebas o si las hay deberá
ser puesto a disposición del juez correspondiente.
El escándalo
Florence fue la culminación de lo corrompido que está nuestro sistema de
justicia. Ello obliga al actual Gobierno Federal a limpiarlo desde abajo hasta
la cúspide del poder. No habrá justicia limpia y expedita mientras las
burocracias policiacas y militares, así como Ministerios Públicos actúen con la
Ley de la selva.
Con la nueva
reforma penal y la nueva política en materia de procuración y administración de
la justicia del gobierno de Peña Nieto
hay razón para ser optimistas.
Enrome tarea
tendrá por delante el flamante Fiscal general de Nayarit, Lic. Edgar Veytia. La
policía nayarita y los agentes del Ministerio Público tendrán que adecuarse a
los nuevos tiempos para no agarrar “chivitos” expiatorios que encubren la mala actuación de algunos de sus
subordinados.
