El día de ayer pegó un grito al cielo el Presidente Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Rodrigo Barrios al quejarse amargamente que el IFE multó a los ex candidatos a Gobernador del Estado, Guadalupe Acosta Naranjo, Martha Elena García Gómez y al Sr. Jorge González González por haber participado en dos debates durante la pasada contienda interna para elegir al candidato oficial de la fallida Alianza “Nayarit, Paz y Trabajo” que se integraría por el PRD y el PAN, la cual finalmente abortó por cuestiones de una mala estrategia política-electoral.
De plano no hay memoria en los dirigentes de esas organizaciones políticas. Recuérdese que en la contra reforma electoral del 2007 con la votación de todas las bancadas partidistas en el Congreso de la Unión fueron aprobadas una reforma Constitucional y a la Ley Federal Electoral de acotar los espacios publicitarios en todos los medios de comunicación, tanto a entidades públicas como privadas; y que el IFE sería el único facultado de comprar los espacios publicitarios en los medios de comunicación y distribuirlos proporcionalmente a la votación obtenida en la elección anterior.
El argumento que esgrimieron todos los partidos políticos en los debates parlamentarios en aquel año fue la de impedir las campañas electorales anticipadas; el uso indiscriminado de recursos públicos y privados durante la competencia preelectoral y la de impedir las campañas de guerra sucia entre los candidatos.
A estas reformas se opusieron ante los tribunales un grupo de intelectuales y de empresarios de la comunicación al considerar que se estaba cuartando la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información. Ahora paradójicamente esas mismas reformas que aprobaron con bombo y platillo los legisladores priistas, panistas y perredistas se han vuelvo en su contra. Es más, los precandidatos se pasan por el arco del triunfo aquellas normas que vulneran sus intereses, por ejemplo las campañas anticipadas de proselitismo electoral de políticos que brincan de un puesto a otro sin que la autoridad electoral les marque el alto; pero cuando se atreven a aplicar la ley entonces vienen las descalificaciones al órgano electoral.
Así pues, las susodichas multan ya eran de esperarse. La semana pasada el TRIFE resolvió que los precandidatos a la Presidencia de la República no podrán debatir, aún en la competencia interna para elegir formalmente a su candidato presidencial.
Por supuesto que esa disposición del TRIFE es una violación flagrante a la Libertad de Expresión y un retroceso en la cultura democrática de nuestro país. Además los ciudadanos tenemos el derecho de exigir a los precandidatos presidenciales expongan públicamente sus plataformas programáticas e ideológicas para contrastarlas y decidir libremente el destino de nuestro voto. Lo más grave que en la próxima contienda presidencial del 2012 será conducida por normas anti democráticas que fueron aprobadas por una partidocracia pragmática y arrogante
