De igual forma, las autoridades electorales incurren en otra ambigüedad cuando permiten realizar entrevistas con los periodistas pero cuidándose de no promocionar a sus entrevistados. Uno se pregunta: ¿Entonces cómo los presentarán a su auditorio y qué les preguntarán?
Contrariando el sentido común, ni modo que los periodistas pregunten a sus entrevistados del sol y las estrellas u otras nimiedades.
Estas disposiciones divulgadas por un simple boletín de prensa publicado en los principales diarios de la Ciudad de México, (ni siquiera fue avalado por el Pleno de los Consejeros e incluso algunos de ellos no estuvieron de acuerdo), condena a los candidatos a un largo silencio e inactividad pública por 39 días, so pena de que sean multados e incluso pierdan su registro como candidatos y el de su partido.
El IFE y el Tribunal Electoral podrán argumentar que solo hacen lo que dispone la última Reforma electoral del 2007 aprobada con gran euforia por el PRI, PAN y PRD.
Evidentemente a esos partidos políticos, motivados por filias y fobias se les volteó el chirrión, aunque esta ley efectivamente tiene lados positivos como la de evitar que los monopolios de la televisión y radio ganaran millonarias cantidades de dinero y sesgaban su política editorial a favor del candidato de sus preferencias.
Sin embargo, esta buena intención trajo lo negativo que hoy los partidos y candidatos cuestionan, esto es, que se violenta el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, lo cual no es un asunto menor, pues se violentan las garantías constitucionales de los mexicanos.
Esta atípica y burda disposición del IFE, que se mueve en la ambigüedad y en la coyuntura política enrarecerá la competencia electoral de la sucesión presidencial, primero, porque el árbitro de la competencia asume un papel protagónico y, segundo, indirectamente favorece al candidato puntero, en este caso al priista, Enrique Peña Nieto, no porque él lo pida o promueva sino por la veda electoral que le viene como anillo al dedo decretado por IFE.
Por esta situación, ya se vislumbran sus efectos negativos: los candidatos y sus partidos que van abajo en las intensiones del voto tenderán a buscar como retorcer la ley, ya sea mediante acciones lícitas o ilícitas para bajar al puntero. Por ejemplo, el Presidente de la República, Felipe Calderón en sus giras de trabajo por todo el país reparte dinero en efectivo a la vieja usanza del ex presidente de la República priista, Luis Echeverría Álvarez cuando maletín en mano cargado de billetes los entregaba a los grupos marginados. Solo que esta vez, Felipe Calderón lo hace en plena campaña electoral.
Otra acción del gobierno calderonista es la judialización de la política-electoral, al utilizar la Procuraduría General de la República (PGR) para desempolvar expedientes judiciales de ex gobernadores y gobernadores priistas y perredistas, y generar linchamientos políticos que perjudiquen a la imagen de los partidos y candidatos adversarios al blanquiazul.
Por otro lado, ante ese vacío de información entre las precampañas y campañas un sector de la sociedad aparece con mayor frecuencia en las redes sociales en donde a diario corre toneladas de lodo que salpican a todos los competidores y a nuestras instituciones. Ante estos hechos que enturbian la sucesión presidencial, ¿qué hará el IFE y el TRIFE para garantizar que dicho proceso no se le escape de las manos?
