La primera
iniciativa que tomó fue justamente el problema de la transparencia en el uso
del poder y de los recursos públicos en las diferentes instancias del gobierno.
Si el
problema de la inequidad en los procesos electorales debido a que se utilizan
ilegalmente los recursos públicos a favor de tal o cual candidato, pues
entonces es necesario poner sobre la mesa los instrumentos jurídicos para
impedir esas prácticas nocivas y recurrentes que vician de origen los procesos
electorales.
Peña Nieto
presentó en días pasados durante una conferencia de prensa 3 propuestas de
Reforma Constitucional que se iniciarían a debatir una vez que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifique el triunfo del político
mexiquense.
La primera
reforma es la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción que será un órgano
con autonomía constitucional y facultades para investigar y sancionar actos de corrupción
en los 3 órdenes de gobierno y en los 3 poderes de la unión. Involucrará al
Poder Judicial, Legislativo y el IFAI.
La segunda
reforma es el fortalecimiento de la transparencia, es decir, dotar al Instituto
Federal de Acceso a la Información (IFAI) de competencia en asuntos de
transparencia de los estados, municipios, Poder Legislativo y Judicial.
La tercera
reforma será la creación de una instancia reguladora de contratación de
publicidad mediante un organismo ciudadano y autónomo que supervise la contratación
de publicidad entre los gobiernos y los medios de comunicación, con el propósito
de que la información que los gobiernos den a conocer se apegue a los principios
de utilidad.
Esas tres
propuestas de reforma constitucional recogen sustancialmente las demandas de
los candidatos presidenciales del PAN y del Movimiento Progresista, esto es, combatir
la corrupción, la opacidad en el uso de los recursos públicos en los procesos
electorales, el lavado de dinero y las relaciones de contubernio o de manipulación
de la información en los medios de comunicación a favor del tal o cual
candidato.
Una vez
concluida la calificación de todo el proceso electivo del pasado 01 de julio, todas
las fuerzas políticas están obligadas a debatir esas 3 propuestas de reforma
constitucional, no para allanarle el camino a Peña Nieto en su toma de posesión
sino por que es necesario para la consolidación de nuestro sistema democrático presidencial.
Desde hace décadas
se venia postergando atacar de fondo la corrupción pública y privada que permea
a los 3 niveles de gobierno, a los partidos políticos, a los sindicatos e
incluso a nuestras Fuerzas Armadas.
El movimiento
lopezobradorista y los partidos de izquierda, con ese enorme apoyo popular de
más de 15.5 millones de ciudadanos que serán representados en el Congreso de la
Unión deben ser el eje de las negociaciones para que esas reformas y sus leyes
reglamentarias no se vayan a quedar en letra muerta. Sería fatal para la
izquierda mexicana dejar en manos del PRI y PAN determinar el alcance real de esas
tres reformas.
Sea cual sea
el resultado que determine el TRIFE sobre la calificación del pasado proceso
electoral, los tres partidos más importantes de nuestro país están obligados a
dar resultados a corto y a mediano plazo sobre los problemas prioritarios de la
nación. Sería desastroso empecinarse en poner contra la pared a nuestras
instituciones aduciendo que no hicieron bien su trabajo por supuestas
complicidades, difíciles de comprobar.
Si el actual
sistema normativo electoral acusó deficiencias que ensuciaron la competencia electoral,
pues entonces todos los partidos, representados en el Congreso de la Unión, a
partir de esta experiencia será necesario articular una nueva reforma electoral,
tal y como se hizo en el 2007. No es posible que cada una de las instituciones partidistas
pretendan imponer una Ley a modo de sus intereses. ¿Entonces en donde quedará la
pluralidad que mandataron más de 50 millones de ciudadanos en las urnas el
pasado 01 de julio?
