Fueron excluidas
de la iniciativa que aprobó la Cámara de Senadores, la Revocación de Mandato,
la reeleción por una sola vez de los presidentes municipales, diputados
federales y locales y de senadores de la República y el veto presidencial al
Presupuesto de Egresos.
Por cuestiones
de cálculo político de cara a la sucesión presidencial, la reforma política Constitucional
hizo caso omiso a propuestas de académicos y miembros de la sociedad civil,
tales como la instalación de un régimen semi parlamentario con la idea de
pactar mayorías en ambas cámaras que estas, a su vez, designen a un Primer Ministro
encargado del gobierno con una agenda previamente negociada en las Cámaras.
Esta figura hibrida
de gobierno fue propuesta en su momento por el Senador priista, Manlio Fabio
Beltrones apoyada por un numeroso grupo de intelectuales y de la academia y de
organizaciones no gubernamentales, evidentemente como respuesta a los gobiernos
divididos en donde el Ejecutivo Federal no cuenta con la mayoría absoluta en el
Congreso de la Unión que, si bien son un equilibrio de poderes, en los hechos
se erigió una partidocracia que hace difícil realizar los cambios estructurales
que requiere nuestra Nación. Unos y otros se culpan de boicotearlos, tanto del
partido del gobierno panista como del Partido Revolucionario Institucional que
tiene mayoría en ambas Cámaras.
Ante estos
hechos que traban el desarrollo económico y social de nuestro país, el mismo grupo
de intelectuales y analistas políticos, encabezados por el ex canciller, Jorge
Castañeda sugieren impulsar un movimiento que mediante el sufragio en las
próximas elecciones del 1 de julio elijamos a un Presidente de la República que
disponga de amplia mayoría en ambas cámaras con el propósito de que el próximo
mandatario federal pueda aprobar y luego concretar su proyecto de gobierno. De esta
forma asumiría toda su responsabilidad y no ocurrirá como ahora, que ambos
poderes se echen la bolita de impedir se realicen las tan necesarias reformas
estructurales.
Este modelo
de gobierno del nuevo PRI, por supuesto generará polémica. De inmediato se
rememoran las mayorías aplanadoras del viejo PRI y el poder absolutista del
señor de Los Pinos.
Obviamente las
circunstancias políticas del país han cambiado cualitativamente en las tres últimas
décadas cuando existía el partido único. Hoy hay más contrapesos de poder; tenemos
una mayor participación ciudadana expresada en las organizaciones no
gubernamentales, entidades autónomas como la Comisión Nacional de Derechos
Humanos; partidos políticos (PRI-PAN-PRD) con mayor presencia en el Congreso de
la Unión y en sus bases sociales. Sin embargo, la última palabra la tendrá el
electorado en julio próximo que tomará su decisión a partir de lo que impactaron
las políticas pública en el seno de su familia y de sus negocios, sobre todo en
el desempeño de 12 años de gobierno panista que ha sido un régimen de
alternancia, no de cambio verdadero.
La susodicha
reforma política para que entre en vigor deberá ser aprobada por 16
legislaturas locales. Probablemente en Nayarit esta reforma constitucional será
debatida y aprobada en el segundo periodo ordinario de sesiones. Seria plausible
que XXX Legislatura estatal liderada por el Dip. Armando García promueva el análisis
y debate sobre esta importante reforma que esté abierta a la ciudadanía. De esta
manera se haría un ejercicio democrático que redundará en el fortalecimiento de
nuestras instituciones públicas. Mal señal sería aprobarla por simple formalismo
burocrático.
Por otro
lado será oportuno que los diputados locales no dejen pasar los días y se hagan
de la vista gorda para aprobar el reglamento de las figuras de participación ciudadana
como son el plebiscito y el referéndum con el fin de que cobren plena vigencia
en Nayarit. Nada mejor que los días cuando esté sobre la mesa la aprobación de
la reforma política constitucional que
entrará en vigor a partir de las elecciones federales del 2015.
