Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
El pasado domingo hubo elecciones para elegir a los
presidentes de los comités de Acción Ciudadana en todas las colonias del
municipio de Xalisco, Nayarit y posiblemente en otros municipios de la entidad
o en otra fecha que programe cada ayuntamiento.
Tiene especial interés esta elección por dos razones: una
porque son el vínculo más directo entre los ciudadanos y la autoridad
municipal. De acuerdo a como se opere en estos comités es como se reflejará en
la solución de las demandas populares. La segunda tiene que ver con sus
vínculos con los partidos políticos.
Es una práctica viciada que las instituciones partidistas
metan las manos en los procesos electivos de esos comités ya que llegarán a
formar parte de su estructura partidista de cara a las elecciones
constitucionales que se avecinan.
Lo ideal es que los susodichos comités reflejaran la
pluralidad que existe en las colonias. Esta independencia haría posible que la
autoridad municipal no incurra en acciones discriminatorias o de favoritismo de
acuerdo a los colores partidistas.
Los comités, como tales deben recuperar su naturaleza
ciudadana y no ser instrumentos clientelares de los partidos políticos.
Una ciudadanía activa, organizada y movilizada será el mejor
antídoto en contra del desdén de los alcaldes al atender sus problemas
cotidianos; sería el mejor agente fiscalizador para que los recursos públicos
sean aplicados, transparentados y evaluados en los términos que marca la ley; y en su caso exigirle rendición
de cuentas.
Sin embargo cuando se partidiza la elección de los comités de
Acción Ciudadana divide la colonia y, en consecuencia debilita su labor de gestoría
ante la autoridad municipal y estatal…
Más vale
prevenir que lamentar.-Lo peor que le puede ocurrir a nuestras
instituciones de procuración y aplicación de la justicia es la pérdida de su
credibilidad.
Después de la narrativa divulgada por el Lic. Jesús Murillo
Karam durante una conferencia de prensa el viernes pasado de la tragedia
ocurrida en el municipio de Iguala, Guerrero en donde fueron asesinados tres
estudiantes y tres civiles y luego secuestrados y desaparecidos 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa, la reacción de los 43 padres de los desaparecidos y
la misma sociedad civil no creyeron las palabras del Procurador General de la
República.
La reacción de los progenitores de los estudiantes desaparecidos
es comprensible, es decir, nadie acepta a priori que su hijo está muerto. Para
aceptarlo tiene que verlo por sus propios ojos que ya está muerto; por esa
misma razón no aceptan que ni cenizas quedaron de ellos. Mantienen la esperanza
de que están vivos; situación que pone entre la espada y la pared al Gobierno
de la República porque todos los indicios apuntan a que fueron asesinados.
Solo podrá demostrar que sus investigaciones son ciertas
cuando en un laboratorio austriaco altamente especializado verifique por la
prueba del ADN que el objeto analizado corresponde a algunos de los estudiantes
desaparecidos, o sea, que el Gobierno Federal demuestre científicamente tan
infaustos acontecimientos.
En esa larga espera la sociedad civil se moviliza y arremete
en contra del Estado Mexicano y de los partidos políticos responsabilizándolos
de esos abominables hechos y de otros que vulneran los Derechos Humanos.
Existe el riesgo que se desborde esa irritación popular y se
violente los derechos de terceros y de las mismas instituciones. De ninguna
manera estamos de acuerdo que con violencia se pretenda combatir la violencia
como así ha ocurrido cuando ciertos grupos radicales quemaron oficinas del Palacio
de Gobierno en Chilpancingo o bloquearon el aeropuerto internacional de
Acapulco y ese mismo domingo en la Ciudad de México quemaron la puerta
principal de Palacio Nacional.
Si el Gobierno de la República y los partidos políticos representados en el
Congreso de la Unión no agarran el toro por los cuernos y en vez de sacar
ocurrencias como el Pacto en contra de la violencia criminal mejor implementen
una profunda reforma de Estado en la cual la procuración y aplicación de la
justicia sea el eje sustancial, así como hacer más confiable la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
En paralelo obligar a que los partidos políticos sean más
rigurosos en las elecciones de sus candidatos a los diversos puestos de
elección popular de manera que no sean
electos personajes disque honestos y populares pero que tras de sí existe una
larga cauda de corruptelas y de complicidades con las bandas delincuenciales,
como así ocurre en otras entidades de la república. Más vale prevenir que
lamentar.