Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
Ayer el Presidente Enrique Peña Nieto cumplió dos años de su
mandato constitucional.
Su primer año trascendió por haber logrado reformas
estructurales que en lo futuro transformarán a nuestro país en la medida que se
traduzcan en acciones de gobierno.
Sin embargo, este año su gobierno vive una difícil situación
de crisis de credibilidad institucional. Los acontecimientos trágicos ocurridos
el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero de todos conocidos fue el detonante que
puso al descubierto la crisis del estado de derecho, es decir la filtración de
las bandas del crimen organizado en los ayuntamientos, célula básica de nuestro
sistema federalista y republicano; el evidente clientelismo electoral de los
partidos políticos al postular a personajes de dudosa reputación a los puestos
de elección popular.
Agreguemos a lo anterior el clamor popular manifestado en las
calles exigiendo justicia pronta y expedita; respeto a los derechos humanos; la
exigencia de combatir la corrupción pública y el tráfico de influencias; y
transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos en los tres
órdenes de gobierno.
A estas demandas populares el presidente Peña Nieto se vio
obligado a tomar medidas urgentes que, de no hacerlo se pondría en riesgo la
gobernabilidad de nuestra Nación. Entre las medidas de emergencia anunciadas
por el mandatario federal destacan:
1.-Reformar el Artículo 115 Constitucional cuya finalidad es
desaparecer las Policías Municipales y crear el Mando Único en las 32 Policías
Estatales. Asimismo cuando algún municipio sea ingobernable intervendrá el
Gobierno Federal al rescate de su gobernabilidad.
2.-Poner a disposición de los ciudadanos el teléfono 911 en
todo el país al cual se recurrirá en casos de emergencia.
3.-Se entregará a cada persona su clave única de identidad.
4.-Se creará un banco nacional de información genética que
servirá para identificar a personas desaparecidas.
5.-El presidente Peña Nieto hizo suya la iniciativa del
Partido Acción Nacional de crear el Sistema Nacional Anticorrupción, la que
operará con una fiscalía Nacional autónoma. Su propósito será investigar y
sancionar administrativa o penalmente todos los actos de corrupción, tráfico de
influencias, conflictos de intereses, opacidad en la licitación de los
contratos de obra pública, desviación de recursos públicos y enriquecimiento
inexplicable de los servidores públicos.
Estas y otras iniciativas presidenciales serán viables si
toda la clase política y las élites empresariales se comprometen a cumplirlas.
Evidentemente la manera de comprobarlo serán los resultados.
¿De qué sirve crear miles de leyes anticorrupción si en los
hechos seguimos observando la impunidad cínica y descarada de los servidores
públicos como así ocurre en distintos Estados del país? si se pretende limpiar
al país hay que empezar por la propia casa.
Otra iniciativa presidencial que me parece congruente con su
propósito de combatir al crimen organizado es atemperamentar la desigualdad
social en regiones de alta marginalidad. Anunció el Presidente Peña Nieto que cuatro Estados sureños serán la prioridad
en inversión pública para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La
pobreza extrema, la falta de educación y empleo de los jóvenes son el caldo de
cultivo del hampa organizada.
Así pues el grito de todos somos Ayotzinapa no será acallado
mientras nuestros gobernantes y toda la clase política no prediquen con el
ejemplo.
Recuperar la credibilidad en nuestras instituciones no basta
con anunciar un discurso de buenos propósitos. El pueblo exige resultados.
De concretarse estas disposiciones presidenciales el cabildo
de Tepic y su alcalde Leopoldo Domínguez se verán obligados a reconsiderar su
posición de no adherirse al llamado del Gobernador del Estado al mando único en
seguridad pública.