Por
Francisco Cruz Angulo
Inusitadamente
el Procurador General de la República Jesús Murillo Karam reconoció que en el
Partido Revolucionario Institucional hay gobernadores priistas que continúan
aplicando los usos y costumbres de la vieja cultura priista como es la
utilización de los programas sociales con propósitos electorales y la opacidad
en la rendición de cuentas.
Dijo que no
entienden o no quieren entender la nueva política del presidente Enrique Peña
Nieto de manejar con transparencia los recursos públicos.
Estas
palabras admonitorias llevan destinatarios, entre otros a los gobernadores de
Veracruz, Coahuila, Quintana Roo y otros más que son denunciados por los
partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier es
otro de los que están implicados en un escándalo de corrupción y desvío de
recursos públicos en contubernio con su secretario de finanzas José Manuel Saiz.
En el curso de las investigaciones a estos dos políticos la semana pasada se decomisó 85 millones de
pesos en efectivo escondidos en cajones de cartón en una casa particular.
Días antes
de que se destapara esta cloaca el ex gobernador había declarado cínicamente a
un programa de radio que en su guardarropa particular tenía más de mil pares de tenis, 400 trajes, cientos de camisas
y pares de zapatos de la mejor calidad comprados en los Estados Unidos. Además
presumió de sus continuos viajes de vacaciones a los mejores centros turísticos
del mundo.
Al día
siguiente el ex mandatario priista quiso disculparse alagando que sus
declaraciones fueron hechas cuando estaba borracho. Pero como dice un dicho
popular: los niños y los borrachos dicen la verdad.
Lo cierto
que este escándalo público generado por los dos ex servidores públicos provocó
una reacción de enojo en todos los círculos sociales y políticos del país.
Todos coincidieron que ya era tiempo que se investigue y sancione a estos dos sinvergüenzas políticos.
Si el
Procurador General de la República es congruente con sus palabras debería
atraer la investigación pues según el decir del nuevo gobernador de Tabasco,
Arturo Núñez fueron desviados recursos
federales por más de 3 mil millones de pesos seguramente a la chequera personal
del ex gobernador y de su compinche. Por
lo pronto la Procuraduría de justicia estatal ya giró una orden de presentación
en calidad de indiciados.
Sería un
buen precedente del Gobierno Federal o estatal meter a la cárcel a quien
utilizó el cargo público para enriquecerse. En Nayarit hasta cuando se
actuará con hechos no con palabras en
contra de quienes saquearon el erario público estatal?
Se comenta
en los círculos políticos de la Ciudad de México que el gabinete de Seguridad Nacional no es tan monolítico como se
divulga en las fuentes oficiales.
Se dice que
el Procurador General de Justicia, Murillo Karam ha tenido algunas diferencias en
la política de pacificación y procuración de la justicia en las zonas en
conflictos. O sea que mientras el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio
Chong busca el diálogo y la negociación con los que protestan a ultranza
defender la educación laica y gratuita cometen acciones de vandalismo y se tolera a los grupos armados de autodefensa
comunitaria, Murillo Karam es de la idea de aplicar la ley en contra de quienes
la infringen.
Estas posiciones
son de fondo. Si el actual régimen de Peña Nieto continua haciéndose el omiso ante
quienes atentan a la Seguridad Nacional y no mete a la cárcel a funcionarios corruptos que utilizan los recursos
públicos para promoverse electoralmente o el de sus allegados el discurso
presidencial perderá credibilidad. Una vez más estaríamos viviendo el gato pardismo del viejo régimen.
En el
contextos de la violencia generalizada y descomposición social que vive el
estado de Michoacán, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano alertó que de no
haber una rápida y enérgica intervención del Gobierno Federal en un futuro
inmediato estaríamos ante un escenario de narco elecciones con el riesgo que
los sicarios de la droga y el crimen
organizado coloquen a sus operadores en presidencias municipales, diputación estatales
y federales y hasta la gubernatura del estado. Es una alerta a la clase política
del país.
