Por Francisco Cruz Angulo
Para nada me extrañó que el Profr. Liberato Montenegro líder
moral de la Sección 20 de maestros sacara a las calles a sus huestes a
protestar en contra de la reforma educativa específicamente a la ley del Servicio
Profesional Docente aprobada un día antes del Primer Informe de Gobierno del
Presidente Enrique Peña Nieto.
Su doble discurso quedó evidenciado ante la opinión pública
nayarita. Días antes que se aprobara dicha ley los dirigentes formales de la Sección
20 encabezados por su secretario general Roberto Ávila Arciniega publicaron un
desplegado patentizando su apoyo a la reforma educativa del presidente Peña
Nieto.
¿Entonces cuál fue el motivo que los dirigentes de la Sección
20 recularan en su posición? Es probable que coincidan en la posición de los líderes
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes advirtieron que sí bien el Gobierno Federal se
salió con la suya, la mencionada reforma educativa no pasará en sus centros de
trabajo, esto es, en las escuelas que tienen bajo su control.
En esta estrategia los seguidores de Liberato Montenegro
enseñaron el musculo el martes pasado cuando paralizaron a cientos de escuelas afectando a más de 200 mil niños y
niñas.
El mensaje no es hacia el Gobierno Federal sino va dirigido
al Gobernador del Estado, Roberto Sandoval, el que al fin de cuentas será el
responsable que se cumpla esa reforma en Nayarit.
El duro golpe a los intereses caciquiles del magisterio
federal no fue menor:
1.-A partir del año próximo serán evaluados todos los
profesores de enseñanza básica con carácter obligatorio.
2.-De acuerdo a la Ley del Servicio Profesional Docente, los
profesores tendrán tres oportunidades para aprobar. Si no ocurre así serán
reubicados a un puesto administrativo o en su caso podrán acogerse a un
programa de retiro voluntario.
3.-A partir de la promulgación de dicha ley aquel docente que
no concurra a su salón de clases durante 3 días consecutivos sin justificación
será dado de baja.
4.-Los comisionados sindicales ya no cobrarán a cargo del
Erario Público.
5.-Las plazas no podrán ser heredadas o traficadas. Y la
asignación de nuevas plazas serán entregadas mediante concursos.
6.-Respecto a las plazas del aparato administrativo y de
dirección escolar o de supervisión serán asignadas a quienes tengan méritos
profesionales y escalafonarios y no por amiguismo o compadrazgo o como premio
por labores de proselitismo electoral.
No será tarea fácil
para el Gobierno Estatal y Federal vencer esta resistencia al cambio toda vez
que durante décadas se volvió una costumbre cotidiana gracias al prolongado
amasiato entre los gobiernos priistas y panistas con los dirigentes del SNTE
por razones político-electorales.
Por supuesto la reforma educativa no dará frutos a mediano
plazo si el estado no provee de una buena infraestructura escolar, equipamiento
con las modernas tecnologías de enseñanza-aprendizaje, laboratorios y talleres,
capacitación, así como la adecuación de los planes y programas de estudios al
Plan Nacional de Desarrollo; así mismo buenos salarios a los trabajadores de la
educación, sobre todo en zonas marginadas.
Por otro lado no sería deseable que la reforma educativa
fuera utilizada como una nueva forma de control político del Gobierno Federal y
que los responsables de implementarla utilizaron las mismas prácticas
clientelares de los caciques sindicales.
Ya veremos si se trata de un cambio de fondo y no de forma de
conducir la educación en nuestro país.