Por Francisco Cruz Angulo
El hecho que el Gobierno del Estado haya contratado deuda
para sacar del atolladero a varios ayuntamientos, fundamentalmente al de Tepic,
a efecto que cumplieran con sus obligaciones laborales de fin de año no
resolvió de fondo la crisis financiera por la que atraviesan algunos
ayuntamientos de Nayarit.
Tepic es un caso emblemático, por ser la capital del Estado
en donde supuestamente se recaudan más recursos tributarios. Tan no resolvió su
conflicto con los trabajadores del SUTSEM que
el préstamo que otorgó el Ejecutivo Estatal no alcanzó para pagar la
totalidad de los aguinaldos.
Ante esta situación crítica de la comuna tepicense es urgente
que el cabildo en coordinación con Fortalecimiento Municipal y el Congreso del
Estado tomen decisiones de mediano y largo plazo para detener ese círculo
vicioso de tapar un hoyo abriendo otro como lo es el de recurrir al
endeudamiento, que de no encararlo tomando medidas drásticas acabará por
llevarlos a la total bancarrota.
Por allí hemos escuchados algunas voces de regidores que
proponen reducir la abultada nómina mediante el cese de trabajadores. Ello
implicaría erogar una enorme suma de dinero para indemnizarlos.
Otros regidores van más allá. Sugieren la posibilidad de
privatizar los servicios del Agua potable y Alcantarillado y de la recolección
de basura, tal y como lo vienen haciendo ayuntamientos de otras entidades.
Señalan sus bondades: el ayuntamiento se ahorraría millones
de pesos anuales en subsidios; compra y mantenimiento del parque vehicular y pago
de combustible.
La idea no es mala. El problema sería encontrar que
empresario estaría dispuesto a invertir una millonada suma de dinero para
modernizar el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado que está muy deteriorado
en más de un 70% y con una abultada cartera vencida de usuarios morosos.
El otro dolor de cabeza que tendría el alcalde de Tepic y
probablemente repercutirá en el Gobierno de la Gente será la reacción de los
tepicenses, que sería de irritación porque es obvio que la empresa privada que
acepte la concesión tendrá que incrementar el precio de los servicios de abasto
de agua y cobrar la recolección de basura.
La gente dirá con razón que esos servicios públicos son una
obligación de nuestros gobernantes, ya que para eso pagamos nuestros impuestos.
Además esas medidas permearán en lo político-electoral en
contra del actual partido gobernante, PRI.
Si durante años esos servicios estuvieron subordinados a
políticas clientelares para cachar votos en los procesos electivos, no creo que
esa cultura del no pago se borre de la mente de los usuarios por arte de magia.
Esa abultada cartera vencida de usuarios morosos tiene su origen en esa
nociva práctica electorera.
Otra de las medidas a tomar según regidores de la oposición
es restringir el gasto corriente; disminuir el personal de confianza y combatir
la corrupción en algunas áreas de la administración municipal, sobre todo de
aquellos funcionarios que utilizan los recursos públicos con fines de promoción
electoral, así como poner candados en el techo de adquisición de deuda pública.
Parece que la XXX Legislatura que preside el Dip. Armando
García Jiménez ya tomó cartas en el asunto. Está en curso una reforma
constitucional estatal para que cualquier servidor público de los tres niveles
de gobierno que aspire a un puesto de elección popular estará obligado a
separarse del cargo 90 días antes del día de la elección.
A nuestro juicio esta reforma debe ir más allá: que el
aspirante a un nuevo puesto de elección popular que su licencia sea con
carácter definitivo. Así se la pensarán dos veces y no incurrirán en el
aventurerismo electoral o por “jovi”; que sepan a qué le tiran. Esto obligará a
que sean más responsables.
Por lo pronto el secretario de Hacienda del Gobierno Federal
anunció que no habrá borrón y cuenta nueva para aquellos estados de la
República y Ayuntamientos que están muy endeudados y colapsados
financieramente. Si es así, no habrá quien aspire a ser presidente municipal de
Tepic en el 2014, a menos que disponga de una gruesa chequera o un influyente
padrino político que le allegue recursos.
