Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
No hagas cosas buenas que parezcan malas, sentencia un dicho
popular.
En los últimos días está en la palestra pública una
iniciativa del Poder Ejecutivo Estatal enviada al Congreso del Estado que
consiste en reformar y adicionar el Código Penal del Estado cuyo objetivo es
tipificar como delitos graves la difamación, la calumnia y la injuria cuando
sea divulgada por cualquier medio de comunicación electrónico, radio, prensa
escrita y redes sociales.
Por otro lado esa misma iniciativa de reforma pretende
regular las manifestaciones y plantones callejeros por causar daños a terceros.
Obviamente esta iniciativa alertó a los trabajadores de la comunicación
y a los grupos sociales que salen a manifestarse en las calles cuando las
autoridades son omisos a sus reclamos.
Este asunto es sumamente delicado por sus implicaciones en garantías
fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y de asociación.
En el caso específico de sancionar con severidad a quienes
cometan los delitos arriba señalados claro que deben sancionarse solo que antes
de llevar a tal extremo la penalización por qué no aplicar sanciones administrativas o buscar la interlocución
sobre todo cuando se trate de controversias políticas o sociales.
Deduzco que la pretendida reforma al Código Penal orientada a
sancionar esos delitos tiene su origen en la sistemática divulgación de difamación,
calumnias e injurias que desde el anonimato circulan en las redes sociales o en
manifestaciones callejeras y cuyos destinatarios son altos funcionarios de la
actual administración e incluso al mismo mandatario estatal.
Por supuesto hay que reconocer que han abusado algunos grupos
sociales o personas desde el internet para descalificar a políticos o a
gobernantes por filias o fobias personales o partidistas, pero que no paguen
justos por pecadores.
Si el Gobierno Estatal y el Congreso del Estado optan por
este camino disuasorio ocurrirá lo que en otras entidades de la república al
generar una mayor irritación popular al calificarlos como acciones autoritarias
de poder que restringen las libertades ciudadanas.
Como solía decir Don Emilio M. González cuando fue gobernador
del Estado al referirse cuando durante su sexenio fue víctima de una campaña sistemática
de calumnias e insultos de un Diario local. Reflexionaba más o menos así: vale
más tolerar al libertinaje de quienes expresan sus ideas que aplastarlas
mediante un acto de autoridad la libre manifestación de ideas. Los políticos y más aún los gobernantes
tenemos que ser ejemplo de tolerancia y prudencia en el ejercicio del poder. Si
no somos capaces de tolerar la crítica aun la más degradante, pues entonces renunciemos
a la política.
Respecto a las manifestaciones públicas considero que es
oportuno regularlas, no para restringir la libre manifestación de los
ciudadanos en las calles sino porque que en los últimos años hay un mayor tránsito
de vehículos por el centro histórico de esta capital, ya que en unos años más sería
un colosal embotellamiento vial.
Si no se regulan mediante mínimas reglas de movilidad urbana hará
la vida de cuadritos a transeúntes, automovilistas, al comercio de la ciudad y
a ciudadanos que concurren a realizar diversos trámites en oficinas públicas, o
sea, daños a terceros.
No es ético exigir respeto a nuestros derechos civiles a
costa de violentar los derechos de otros.
Ahora bien si se pretende combatir el libertinaje en el que
incurren ciudadanos u organizaciones sociales pues no hay mejor camino que
atender lo dicho por el mismo gobernador, Roberto Sandoval al inicio de su
mandato: escuchar, prometer y cumplir, pero con transparencia y rendición de
cuentas. O como lo ha reiterado en varias ocasiones: para lo limpio ni jabón se
ocupa…
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