Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
Si hubo quienes pensaban en los altos círculos de gobierno
que la paz pública vendría una vez que se exterminaran entre ellos los capos de
las drogas tendrán que morderse la lengua. El sábado pasado un comando armado de
hampones ametralló la casa de la familia del Lic. Huicot Rivas comisionado
estatal de los Derechos Humanos. Esta agresión es una clara advertencia para
los defensores de los derechos humanos y
contra quienes claman justicia por sus familiares desaparecidos.
Estas agresiones a los ombudsman se replican en varios
estados de la república evidenciando la incapacidad de la PGR y de las
fiscalías estatales para encontrar a los responsables.
¿Es irresoluble este problema? Por supuesto que no. Los cuasi
candidatos presidenciales el priísta Dr. José Antonio Meade; el panista Ricardo
Anaya y el de MORENA Andrés Manuel López Obrador están obligados a priorizar en
su agenda programática de 6 años como garantizarán la seguridad pública a la
Nación y la de restablecer la credibilidad en los cuerpos policiales y en las
instituciones de procuración e impartición de la justicia hoy permeada por las
bandas delictivas.
Ya no queremos frases comunes. La nueva política para
combatir estos flagelos sociales del crimen organizado, la corrupción y la
impunidad exige propuestas creíbles y consistentes. Deben explorarse aun
aquellas políticas inéditas que estén más allá de los prejuicios ideológicos,
religiosos y hasta personales de los que aspiran a gobernar a nuestro país.
Allí está la propuesta que formuló el secretario de Turismo
Enrique de la Madrid Cordero que de
facto fue descalificada por voceros oficiales del presidente Enrique Peña Nieto
calificándola como una ocurrencia.
La propuesta que hizo el secretario de turismo consistió en
proponer la legalización, regulación y comercialización de la marihuana para
uso lúdico en los centros turísticos de los Cabos y de Cancún ya que estos dos
destino turísticos aportan a nuestro país el mayor ingreso de divisas a nuestra
economía.
Esta propuesta fue apoyada por una buena parte de académicos,
intelectuales y líderes de organizaciones civiles pero agregando que la
legalización y regulación fuera extensiva a todas las entidades del país.
El Gobierno de la República ni los gobernadores no deben
continuar cerrándoles los ojos a la terca realidad por cálculos políticos
electorales; a saber, el vecino estado de California (sexta economía
mundial) y otros estados de la Unión
Americana legalizaron la producción, distribución y consumo de marihuana con
fines recreativos.
En tanto eso ocurre a menos de un kilómetro del norte de
nuestra frontera nuestro país se continua con una política prohibicionista y
punitiva que ha traído como consecuencia en 11 años de gobiernos panistas y
priístas miles de muertos, violencia cotidiana en las calles, miles de
desaparecidos, cientos de fosas clandestinas, miles de jóvenes en las cárceles
por fumar churros de marihuana, abuso y corrupción policiaca, violación a los
derechos humanos y el incremento del tráfico de drogas en las colonias
populares y en los principales centros turísticos del país.
En otras palabras mientras el gobierno de Estados Unidos la
legalización de la marihuana le ha redituado enormes ingresos fiscales nuestro
país pone a los muertos, se desestabiliza a nuestras instituciones por la
corrupción e impunidad, se gastan enormes cantidades de dinero público al
combate inútil contra los delincuentes y día a día se incrementará el consumo
de la droga por nuestros niños y jóvenes debido a que los sicarios de la droga
harán de nuestro país su modus vivendi ya que el mercado de Estados Unidos no
será rentable.
Los
gobernadores agrupados en la CONAGO bien podrían proponer a los tres aspirantes
presidenciales una política de regulación del consumo de la droga. ¿Por qué
empecinarse en continuar con esa política punitiva que ha hecho de México un
inmenso cementerio?..