Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
En las crisis originadas por una manifiesta
inconformidad que deriva en la violencia de los Derechos Humanos, acciones vandálicas
como el bloqueo de calles, la quema de edificios públicos y las bandas del crimen
organizado actuando en la impunidad o coludidos con los cuerpos policiacos como
lo que hoy ocurre en el Estado de Guerrero son el caldo de cultivo para que
emerjan de las entrañas del estado los
Gobiernos fascistas o militaristas que finalmente terminan en acciones
represivas en contra de las libertades ciudadanas.
Las muestras de solidaridad de todos
los sectores de la población en la de exigir
justicia por los acontecimientos sangrientos en Iguala, Guerrero en donde asesinaron,
secuestraron y desaparecieron a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que se
han manifestado en todas las grandes ciudades del país y en el extranjero
indica el despertar de una nueva conciencia ciudadana preocupada por lo que
ocurre en su entorno social.
Como hemos visto, la mayoría de
ellas han sido pacíficas y ordenadas, lo que es alentador pues de la
indiferencia ciudadana esta se atreve a salir a la calle a exigir demandas
ciudadanas legitimas como son la aplicación de la justicia, el respeto a la
libre manifestación de las ideas, el respeto a los Derechos Humanos y a una
mayor participación ciudadana en las acciones de gobierno.
Sin embargo de ninguna manera
estamos de acuerdo en las acciones vandálicas y callejeras de los grupos
radicales como los que ejecutan a diario los maestros de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y grupos de anarquistas quienes
bajo el pretexto de clamar justicia por los trágicos acontecimientos de Iguala,
Guerrero algunos de ellos sin mostrar el rostro destrozan edificios públicos
como el de Palacio de Gobierno, palacios municipales, queman oficinas de los
partidos políticos, bloquean calles, aeropuertos, centros comerciales y
obstruyen vías importantes de comunicación, o sea, dañan el patrimonio nacional
y afectan la economía local.
Estas prácticas nocivas de esos
grupos radicales en vez de concitar el apoyo popular se gana a pulso su
repudio; quien diga que son acciones revolucionarias disque para acelerar las
contradicciones sociales y dar paso al
surgimiento de un nuevo régimen se auto engañan. Con estas provocaciones vandálicas
lo que provocan que los sectores derechistas económicamente poderosos alienten
y hasta presionen al Gobierno Federal a tomar acciones autoritarias para
restablecer el orden público.
Lo que sí es un deber del Gobierno
Federal y del Gobierno de Guerrero es proteger el patrimonio público y el daño
a terceros. No debe mostrarse complaciente hacia aquellos grupos vandálicos que
atentan en contra de la seguridad pública. No puede haber un vacío de
autoridad; de otra manera imperará la ley de la selva.
Está visto que los maestros de la
CNTE traen su propia agenda y ante la imposibilidad de echar atrás la reforma
educativa toma la bandera de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para
hacer presión sobre el Gobierno de la República con el fin de pactar acuerdos
en su beneficio.
No hay duda que el Gobierno de
Enrique Peña Nieto deberá esclarecer de cara a la sociedad los hechos trágicos de
Iguala mediante una investigación científica y no sesgado de acuerdo a los
tiempos electorales. Así lo demandan los 43 padres de familia y amplios
sectores de la sociedad mexicana y organismos internacionales de los Derechos Humanos.
El otro gran reto del Gobierno de
Peña Nieto es un cambio de estrategia en el combate al crimen organizado. Hasta
hoy su política ha sido reactiva, no preventiva; es decir hacerla de apagafuegos
con las consecuencias que hoy se protagonizan en los Estados de Guerrero,
Michoacán, Tamaulipas, Jalisco y el Estado de México.