Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
En hora buena que el Congreso del Estado presidido por el
Dip. Jorge Humberto Segura López suscribió un convenio de colaboración con la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos cuyo titular es el Lic. Guillermo
Huicot Rivas Álvarez.
Este importante convenio en su parte sustancial tiene que ver
no solo vigilar y respetar los derechos humanos de todos los nayaritas sino la
de vigilar que los tres niveles de gobiernos los respeten y los hagan respetar
de acuerdo a las leyes.
Este convenio cayó como anillo al dedo cuando en días pasados
la tercera relatoría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a
conocer su investigación realizada en el sistema penitenciario de Nayarit.
La CNDH dio a conocer públicamente su informe anual sobre el
estado que guarda el respeto a los derechos humanos en todos los reclusorios de
las entidades de la república.
En las conclusiones de la investigación referida la CNDH
señaló que el sistema carcelario en nuestra entidad tiene una calificación del
4.3, es decir, reprobado, ya que en las cárceles municipales y estatal se
violentan cotidianamente los derechos de los reclusos, no solo en sus modus
vivendi sino que las autoridades judiciales del Estado no acatan el debido
proceso en la impartición de la justicia.
Otra de las observaciones que hizo la CNDH es el sobrecupo de
reos y las pésimas condiciones sanitarias en que viven los reclusos, lo que hace
prácticamente imposible su rehabilitación.
Estas observaciones no son nada nuevas. El mismo ombudsman
nayarita, Lic. Huicot Rivas Álvarez alertó a las autoridades del Estado esa
misma condición de vulnerabilidad en la que se encuentran los reclusos en las
diversas cárceles municipales y en el reclusorio “Venustiano Carranza” ubicado
en esta capital.
Es más, hasta el mismo Gobernador del Estado, Roberto
Sandoval reconoció esta problemática situación de los reclusos cuando arengó al
Poder Ejecutivo Estatal. Incluso se comprometió a que en el curso de su mandato
pugnaría para que reubicara el centro de rehabilitación “Venustiano Carranza” sacándolo
fuera de esta capital.
Parece que sus gestiones de reubicación y apoyo financiero en
la Secretaría de Gobernación no tuvieron eco. Ahora será más difícil construir
un nuevo centro penitenciario estatal por los recortes al gasto público de la
federación a los estados y municipios.
Ojalá y el convenio referido entre el Congreso del Estado y
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos motive a nuestros legisladores
estatales y federales para que en coordinación con el Ejecutivo Estatal
cabildeen en la legislatura federal para que en el próximo presupuesto de
Egresos del 2017 se destinen recursos financieros para la construcción de un
nuevo centro de rehabilitación estatal y de esta manera se prevenga la
posibilidad de que estalle un motín de reos como los ocurridos en otras
cárceles que viven en condiciones similares a las nuestras…