Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
A consecuencia de la presión por los medios de comunicación,
organizaciones no gubernamentales y redes sociales, la Cámara baja del Congreso
de la Unión se vio obligada a retomar el debate en torno a la creación del Sistema
Nacional Anticorrupción. Se anunció que este día podría ser aprobado el
dictamen correspondiente por la Comisión de puntos constitucionales y estudio
legislativo y luego llevado al pleno de la Asamblea este jueves.
A quien más le urge su aprobación es al gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto y al PRI tomando en cuenta que está en puerta el
proceso electivo federal y en 17 estados de la república. Las razones son
varias, entre otras:
1.-Recuperar la credibilidad y confianza en el Gobierno de la
República en la que ha caído sistemáticamente en los últimos seis meses a consecuencia de los conflictos de
interés en los que se han visto involucrados al presidente Peña Nieto y el
Secretario de Hacienda, Luis Videgaray por las millonarias mansiones que
compraron a una empresa constructora que tiene jugosos contratos de obra pública
con el Gobierno Federal.
Peña Nieto quiso tapar el hoyo abriendo otro ante el
escrutinio popular. No fue una buena táctica política revivir el cadáver de la
Secretaría de la Función Pública.
El hecho de nombrar como titular en esta dependencia
subordinada al Ejecutivo Federal a un académico honorable como lo es el Dr.
Virgilio Andrade Martínez ex consejero del IFE, más que resolver el problema de
la credibilidad presidencial lo profundizó más pues ésta secretaría no tiene
facultades legales para investigar a sus jefes.
2.-El enojo de las organizaciones civiles al ser excluidas en
los debates sobre esta comisión; incluso denunciaron al lado del PAN y PRD que
desde la Secretaría de la Presidencia remitieron 90 observaciones sobre el predictamen
de la susodicha Comisión Nacional Anticorrupción que de aplicarlas apoyados por
el PRI-PVEM saldría una Comisión a modo para que sea inoperante.
3.-Otro factor que dio más presión al Gobierno de la
República fue nada menos que el informe que dio el auditor superior de la Federación.
Destacó el auditor federal que en el análisis de la cuenta
pública federal de 2013 encontró 2,500 irregularidades en el gasto federal,
entre otras, desviación de recursos públicos y gasto no comprobable, sobre todo
en el gasto federal en Estados y Municipios.
Subrayó que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
incurrió en irregularidades en su gasto por un monto cercano a los 55,000
millones de pesos.
En este mismo tenor apuntó a educación, salud,
infraestructura carretera y seguridad pública.
Se quejó que ese órgano no tiene facultades vinculatorias
para llevar a proceso penal a quienes atracan al erario público por lo que ve
con buenos ojos la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción siempre y cuando se le den las herramientas jurídicas
para procesar a los servidores públicos corruptos y que se amplié el número de
sujetos obligados a rendir cuentas tales como: el Congreso de la Unión,
Partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y empresas descentralizadas; es
decir que haya consecuencias penales para quienes se enriquecen ilícitamente a
la sombra del poder.
4.-El otro factor que obliga a los legisladores federales a
crear la Comisión Nacional Anticorrupción es blindar la implementación de las
reformas estructurales aprobadas en el 2013 fundamentalmente la Reforma
Energética, Telecomunicaciones y Educación.
A este nuevo instrumento en contra de la corrupción pública habrá
que agregarle lo más pronto posible la Ley
General de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos.
Es curioso pero hasta el mismo consejo general del IFAI
solicitaron al Congreso de la Unión a que apruebe una Ley que de un acceso rápido
y sencillo a toda la ciudadanía a conocer en qué, en dónde y cuanto se destina
el gasto público en los tres órganos de gobierno y de más entes obligados.
Temen los consejeros del IFAI que la clase política gobernante
se las ingenie para ocultar información mediante la concebida frase: “reservada
por seguridad nacional”.
El Gobierno de la República y los partidos políticos necesitan
airar a los peligrosos vientos huracanados que amenazan tormenta en varias
entidades del país. Recuperar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos,
esto si es cuestión de Seguridad Nacional.