Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
El Secretario de la Función Pública Dr. Virgilio Andrade el
pasado viernes ofreció ante los medios de comunicación un pormenorizado informe
sobre el resultado de sus investigaciones en torno a si hubo conflicto o no de
interés en la compra-venta de una mansión adquirida por el presidente Enrique
Peña Nieto en Ixtapa de la Sal; la mansión de su esposa Angélica Rivera y la
del Secretario de Hacienda, Dr. Luis Videgaray en Malinalco a compañías
constructoras entre otras HIGA que obtuvieron millonarios contratos en obra
pública con diversas dependencias del actual Gobierno Federal.
La investigación en cuestión ordenada por el mismo mandatario
federal estuvo muy bien sustentada conforme a las normas establecidas de esa
Secretaría soportada en documentos y los dichos de altos funcionarios que
tienen que ver con la asignación de los contratos de obra y servicios públicos.
No obstante ese esfuerzo gubernamental por limpiar la cara
presidencial no creo que sea creíble a la opinión pública que ponen en duda
todo el andamiaje argumentativo de la susodicha investigación por varias
razones; a saber:
1.-Esa investigación fue ordenada por el mismo presidente a
un subalterno luego del escándalo público que provocó cuando un programa
noticiero de radio cuya directora es la
periodista Carmen Aristegui lo sacó de la esfera oficial y la hizo pública.
2.-Aunque esa investigación se hubiese realizado en el marco
de la ley es ridícula y difícil de tragar porque para configurar el delito de
conflicto de interés de acuerdo a la actual Ley Federal de Responsabilidades a Servidores
Públicos es necesario demostrar que los implicados hayan ejercido presión por
distintos medios a sus subordinados para cometer estos ilícitos o descubierto
en flagrancia personal. Nadie creerá que personajes de alta envestidura pequen
de inocentes para dejar huella escrita o grabada, mucho menos que un empleado
suyo se atreva a declarar en contra de
su jefe, so pena de correr el riesgo de echarlos de patitas a la calle. Por lo
tanto esa investigación es un insulto a la inteligencia y al sentido común.
La actual ley fue diseñada precisamente para cubrirse los
unos a los otros; o sea la impunidad.
Viciada de origen esa investigación era previsible su conclusión,
o sea, los exoneró de toda responsabilidad a los implicados en ese conflicto de
interés.
Hubiera sido más verosímil esa investigación si el jefe del
Poder Ejecutivo Federal hubiera depositado el caso en un Ente autónomo y no a
un miembro de su gabinete.
Lo mejor que puede hacer la actual administración federal si
es que en realidad aspira a combatir la
corrupción, la opacidad y falta de rendición de cuentas es la de que todo
servidor público de los diversos órganos del gobierno federal, estatal,
municipal y demás Entes autónomos se los obligue por mandato de ley hacer público
su declaración patrimonial, declaración de interés y su declaración de
impuestos al inicio y al final de su ejercicio político administrativo.
Y por supuesto que haya consecuencias penales o
administrativas a quienes abusen del poder.
El Sistema Nacional Anticorrupción y sus leyes reglamentarias
que, por cierto aún están por implementarse en la próxima legislatura federal si
es aplicado sin cortapisas se estará dando un fuerte golpe en contra de la
impunidad, la corrupción y el tráfico de influencias en el ejercicio del poder
público…