Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
Ante la falta de credibilidad a nuestras instituciones
expresadas en las multitudinarias marchas, plantones y mítines ocurridas en algunas
regiones del país a consecuencia de los todavía hoy desaparecidos 43
estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero; el escándalo por un supuesto tráfico
de influencias en la que se vio involucrada la esposa del presidente Peña Nieto
por la adquisición de una mansión residencial valorada en 7 millones de dólares
y por la inesperada cancelación de la millonaria inversión China para la construcción
del tren rápido México-Querétaro, el presidente Enrique Peña Nieto el lunes
pasado salió a dar la cara a la opinión pública nacional e internacional y en
una insólita acción de gobierno hizo
público su patrimonio personal detallando los bienes e inmuebles de su
propiedad los cuales suman 46 millones de pesos.
Por otro lado anunció que a corto plazo se harán reformas
para reforzar el sistema de derecho fundamentalmente en la procuración y aplicación
de la justicia, la preservación de los Derechos Humanos, el combate a la corrupción
y a la transparencia y rendición de cuentas de todos los servidores públicos.
Es trascendente que el Jefe del Poder Ejecutivo Federal haya
tomado la decisión de hacer público su patrimonio familiar porque hasta el día
de hoy los servidores públicos y aquellos funcionarios que ocupan puestos de
confianza de primer nivel la ley solo los obliga a presentar su declaración patrimonial
a la Secretaría de la Función Pública o en las entidades de la república a las
Contralorías Estatales sin la obligación de hacerse público.
En realidad todo esto es una farsa pues los ciudadanos no
tenemos acceso a esa información denominada confidencial. Entonces cada
servidor público o funcionario de alto nivel envía la información que mejor le conviene;
por lo tanto desconocemos a ciencia
cierta la cuantía de su patrimonio familiar. Se maneja en lo total opacidad y
por esta misma razón nos sorprendemos que de la noche a la mañana nuestros políticos,
una vez dejado el poder dispongan de cuantiosas fortunas.
Si el Presidente de la República puso el ejemplo, por moral
pública todos los integrantes del gabinete presidencial, diputados y senadores
del Congreso de la Unión, magistrados del poder judicial, gobernadores, diputados locales, presidentes
municipales y directores de empresas descentralizadas deberían seguir el
ejemplo del Lic. Peña Nieto, incluso ir más allá, esto es, que hicieran público
su declaración de impuestos y de esta manera podríamos cruzar información para
verificar la autenticidad de su declaración patrimonial. De hacerlo terminarían
con la simulación y sí abonaría a la transparencia y rendición de cuentas.
Nuestra clase política podría argumentar que hacerlo de esa
manera serían blanco fácil del hampa organizada y pondrían en riesgo la
seguridad de su familia.
Tal vez tengan razón los servidores públicos honestos, pero
ellos carecen de fortuna personal; no así de aquellos políticos corruptos que disponen
de vehículos blindados y de un enorme cuerpo de seguridad personal y familiar
cuyo fin es no ser víctimas del secuestro.
Respecto a la otra iniciativa presidencial de reforzar el
estado de derecho para combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno
todos los partidos políticos y las élites empresariales deberían ser los
primeros en ponerse a la cabeza.
Los primeros están comprometidos porque ha sido por medio de
sus organizaciones por donde se ha filtrado a los puestos de elección popular
los sicarios de la droga y de las bandas delincuenciales, sobre todo en los
ayuntamientos. La descomposición social y política en los estados de Michoacán
y Guerrero así lo confirma.
Los partidos políticos en su frenético objetivo de ganar
posiciones de poder han hecho del sufragio una mercancía de cambio.
En cuanto a las élites empresariales su papel no es nada
menor si se pretende acabar con la obtención de millonarios contratos de obra
pública mediante el tráfico de influencias y la entrega de dadivas a políticos corruptos.
Jamás podremos edificar instituciones democráticas y modernas
mientras sus cimientos están erosionados por el clientelismo electoral, las
complicidades en el reparto discrecional de la riqueza nacional y la descomposición
del tejido social a consecuencia de la creciente desigualdad en nuestro país.
La mejor manera de consolidar nuestro sistema democrático es,
sin duda que los partidos políticos y el Congreso de la Unión sean un fuerte
contrapeso en el ejercicio del poder público.
Los
trágicos acontecimientos de Iguala y sus consecuencias políticas que hoy vemos
en las calles son una alerta a nuestra clase política. Si hacen oídos sordos a estas advertencias podría
despertarse al México bronco.