Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
El presidente municipal de San Blas, Hilario Ramírez mejor
conocido como “Layín” volvió a ser motivo de escándalo público en las redes
sociales y en los medios de comunicación nacionales.
En el noticiero matutino de Telefórmula que conduce Ciro
Gómez Leyva ayer lunes hizo un llamado al Gobernador del Estado, Congreso Local
y a la Fiscalía General del Estado a que investiguen el origen de los 10
millones de pesos que utilizó “Layín” para festejar su cumpleaños ofreciendo
una costosa comilitona y borrachera para miles de invitados que fueron
acarreados en camiones desde diversos municipios del Estado.
Por otro lado tildó como vergonzoso y obsceno de que un
servidor público mientras bailaba al compás de la banda El Recodo le haya
levantado la falda a su pareja en dos ocasiones frente a sus invitados actuando
como si estuviera bailando en un burdel de mala muerte.
¿Este es el personaje vulgar que mediante este tipo de eventos
busca el reconocimiento popular porque alguien le metió en la cabeza que puede
ser gobernador del Estado?..
Avanza Ley
Anticorrupción.-En la última asamblea de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO) algunos de los mandatarios estatales asistentes mostraron algunas reticencias
ante el Presidente Enrique Peña Nieto respecto a algunos temas aprobados en el
Sistema Nacional Anticorrupción avalado el jueves pasado por la mayoría de
diputados del Congreso de la Unión.
Se trata que una vez que sea ratificada por el Senado de la
República y 16 legislaturas locales y promulgada por el Ejecutivo Federal el
92% de las participaciones federales anuales que se destinan a Estados y municipios
serán fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación una vez que concluya
el año fiscal y no al año siguiente.
Los gobernadores inconformes argumentaron que esa disposición
violenta el pacto federal.
El malestar de algunos gobernadores no es tanto que se les
audite sino que esta vez con las nuevas atribuciones que tendrá la Auditoría Superior
de la Federación podrá llevar a servidores públicos que hagan mal uso de los
recursos fiscales ante los tribunales de lo administrativo y penal para que
sean procesados por esos delitos.
Antes de esta reforma constitucional la Auditoría Superior de
la Federación solo tenía atribuciones para solicitar a resarcir el daño
patrimonial, inhabilitar o hacer recomendaciones a quienes incurrían en actos
de corrupción que generalmente se hacían de la vista gorda.
Una vez que entre en vigor el nuevo Sistema Nacional
Anticorrupción si habrá consecuencias penales.
Esta misma norma anticorrupción será aplicable al Poder
Ejecutivo Federal, las dos Cámaras del Congreso de la Unión, organismos autónomos,
fideicomisos y entes que manejan dinero público.
Otros elementos que contribuirán a la rendición de cuentas
destacan:
1.-Los partidos minoritarios representados en los Congresos
locales podrán solicitar al auditor superior de la federación realice investigación
específica en aquellas áreas del Gobierno en donde consideren que hay desviación
o malversación de fondos y conflictos de interés.
2.-La nueva norma anticorrupción alcanzará a particulares que
incurran en componendas con servidores públicos, sobre todo en la asignación de
contratos de obra pública, o sea sancionar los “moches”.
3.-Se prolongará la prescripción del delito en el que incurran
los servidores públicos hasta 7 años. El
fuero no los eximirá de ser procesados durante el ejercicio como representantes
populares.
4.-El Secretario de la Función Pública que sea designado por
el Presidente de la República deberá ser ratificado por las tres cuartas partes
del Senado de la República.
Lamentablemente quedó en la mesa de debates de la Cámara de
Diputados un tema muy controvertido, esto es, si el Jefe del Poder Ejecutivo
Federal debía o no ser sometido a proceso administrativo o penal cuando incurra
en flagrantes actos de corrupción o conflicto de interés, por ejemplo, como así
ocurre en otras democracias como en Brasil, Argentina, Nicaragua y en Estado
Unidos.
Este tema no transitó por la férrea oposición del PRI-PVEM y
Nueva Alianza.
Evidentemente el nuevo Sistema Anticorrupción es un buen
inicio para recuperar la confianza de los mexicanos en sus instituciones.
Como lo señalara el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray en
una entrevista a un periódico Inglés que de nada servirá hacer buenas reformas estructurales
mientras no se recupere la confianza de los ciudadanos. En efecto serán letra
muerta.
La única manera de recuperarla es aplicar la Ley caiga quien
caiga. Que nadie por poderoso que sea quede en la impunidad.
En la implementación del Sistema Anticorrupción tendrá mucho
que ver y hacer los aparatos de procuración y aplicación de la justicia…