Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
La semana pasada fue aprobada por la Legislatura Federal la
controvertida Ley de Seguridad Interior por la mayoría priísta, sus aliados
PVEM, PANAL, Encuentro Social y por 15 legisladores panistas; en cambio votaron
en contra la mayoría de la bancada panista, perredista, Movimiento Ciudadano y MORENA.
Según expertos en materia de seguridad es un paso hacia la
militarización de nuestro país y contraviene el mandato constitucional, esto
es, que el Ejército debe ser garante de nuestra soberanía nacional y solo puede
ser utilizado en las calles cuando esté en situaciones graves que pongan en
riesgo nuestra seguridad interior.
A su vez el alto comisionado de los Derechos Humanos de la
ONU, la comisión iberoamericana de Derechos humanos y la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) manifestaron públicamente su rechazo a la
mencionada ley.
Ante la incompetencia de los dos gobiernos panistas que
ocuparon la presidencia de la república fue precisamente en el sexenio de
Felipe Calderón cuando fue sacado el ejército y la Marina a las calles para
desempeñar el trabajo de policías para combatir a las bandas delincuenciales
ante la evidente ineficacia y corrupción de los cuerpos policiales civiles de
los tres órdenes de gobierno.
El régimen del panista Felipe Calderón y luego el del priísta
Enrique Peña Nieto nos vendieron la idea que con la fuerza militar se
garantizaría la seguridad pública.
Los hechos demuestran objetivamente que ha sido lo contrario.
En este sexenio priísta de Peña Nieto la violencia armada se ha desbordado
inusitadamente en gran parte del territorio nacional y otros delitos de alto
impacto social.
Con justa razón el alto mando de nuestras fuerzas Armadas Salvador
Cienfuegos reclama a la autoridad civil un marco jurídico que regule y
establezca límites a su desempeño de sus tareas que no son de su competencia y
su temporalidad para regresar a los cuarteles, ya que pagan un alto costo moral
y en muertes.
Sin duda alguna es una obligación de la clase gobernante la
de otorgar la seguridad pública mediante eficaces cuerpos policiales que
enfrente a las bandas del crimen organizado.
¿De qué han servido los miles de millones de pesos que se
destinan a los gobiernos estatales y municipales en materia de seguridad
pública?
Como se ha documentado por especialistas en la materia y por
organizaciones de la sociedad civil la mayoría de esos recursos se han
desviados a chequeras de políticos corruptos o a campañas electorales.
Para estos gobernantes sinvergüenzas lo más fácil es
solicitar el apoyo del Ejército y de la Marina para que se ocupen de la
seguridad pública y quedarse cínicamente cruzados de brazos.
A nuestras fuerzas armadas no debe exponérseles al escarnio
popular. Su institucionalidad es ejemplar, pero no juguemos con fuego.
Podría pensarse que el PRI y su camarilla de tecnócratas ante
una probable victoria electoral del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)
y su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador podrían estar fraguando
un ominoso fraude electoral y ante el
desbordamiento de la protesta popular en las calles se utilice al ejército para reprimirlo con el
argumento de restablecer el orden y “salvar a nuestras instituciones.
Mientras no se implemente un plan nacional integral de
seguridad pública que atiendan a las causas que originan las bandas
delincuenciales en la mayoría de los estados de la república, estas son la
pobreza de la mayoría de la población, la falta de oportunidades a la educación
y al empleo, la tremenda corrupción e impunidad en los mandos policiales y en
la procuración e impartición de la justicia aun cuando se desplacen en las calles a batallones
completos de militares continuará en ascenso las bandas delictivas; a menos que
se pretenda replicar los tiempos del Porfiriato bajo la consigna “mátenlos en
caliente”.
La
próxima semana los senadores de la república con su voto decidirán el rumbo del
país…