Conjeturas
Por
Francisco Cruz Angulo
El Gobierno de la República presidido por Enrique Peña Nieto
por medio del Congreso de la Unión dará un paso trascendental para la vida
democrática de nuestro país cuando sea aprobada la reforma Constitucional que
de total autonomía a la Procuraduría General de la República, esto es, que no
sea una dependencia del Ejecutivo Federal.
Esta nueva figura constitucional se denominará Fiscalía
General de la Nación y su titular estará en el cargo durante 9 años.
La autonomía de las procuradurías ha sido una vieja demanda
de los partidos de izquierda desde hace décadas por considerarlas que no deben
seguir siendo juez y parte en tanto que sus titulares son subordinados del
Poder Ejecutivo mismos que las utilizan algunos gobernantes como instrumento
represivo desvirtuando su naturaleza de procurar justicia a favor de los
ciudadanos.
De acuerdo al proyecto de Reforma el Fiscal General de la
Nación será designado por las tres cuartas partes del Senado de la República
mediante una convocatoria pública de manera que el designado sea un profesional
que se distinga por su capacidad profesional, probidad y que no sea militante
de algún partido político.
Este hecho trascendental promovido por el Gobierno priista de
Peña Nieto corre en paralelo con la reforma ya aprobada al nuevo sistema penal
acusatorio por lo que la procuración y aplicación
de la justicia será pronta y expedita tal y como lo señala nuestra Carta Magna.
Por otra parte se dice que de esa Fiscalía General de la
Nación dependerá una fiscalía anticorrupción que será la responsable de aplicar
una primera ley anticorrupción en contra de servidores públicos que cometan
delitos en agravio del patrimonio público.
De aprobarse esta reforma en el Congreso de la Unión
necesariamente tendrá que adecuarse al marco constitucional en cada uno de los
Estados de la República mismas que serán un gancho al hígado a gobernadores que
utilizan las fiscalías estatales o procuradurías como un aparato represivo en
contra de líderes sociales o políticos de partidos de oposición o en su caso es utilizado con fines patrimonialistas.
No creo que ningún partido de oposición se oponga a esta
reforma. Sería una mezquindad política…
Elección en
el poder Judicial.-Hoy durante una asamblea plenaria de los magistrados
del Poder Judicial del Estado será
electo el nuevo presidente magistrado de esa institución que fungirá
durante los próximos 4 años según lo mandata su ley orgánica.
Trascendió en los círculos del Poder Judicial que su actual
magistrado presidente Lic. Pedro Antonio Enríquez Soto podría ser reelecto por
un periodo más en virtud por su buen desempeño que ha generado cambios
importantes en todo el aparato judicial cuyo propósito es hacer más pronta y
expedita la aplicación de la justicia y con pleno respeto a los derechos
humanos en la aplicación de la ley.
De igual manera recordemos que en una ponencia que presentó
el Lic. Pedro Antonio Enríquez Soto durante un foro de magistrados celebrado
hace dos años en un estado del sur de la república hizo una propuesta en la
cual se pronunciaba por la homologación de todos los códigos penales estatales
de todo el país, misma que fue la base para que el Congreso de la Unión la
votara a favor.
Por otra parte el Lic. Enríquez Soto ha sido un entusiasta y
activo promotor de la instrumentación del sistema penal acusatorio en el cual
su columna vertebral son los juicios orales.
Hasta donde conocemos su relación con el Poder Ejecutivo,
Legislativo y la Fiscalía General del Estado ha sido de permanente coordinación
en lo que tiene que ver con la procuración y aplicación de la justicia, sobre
todo cuando Nayarit debe de seguir siendo la vanguardia en las reformas que ha
impulsado el presidente Enrique Peña Nieto; y más aún cuando está en puerta la
obligatoriedad de que se aplique en su totalidad el nuevo sistema penal
acusatorio.
Tengamos confianza que prevalecerá la racionalidad
profesional y no se imponga el interés grupuscular o político.
Lo anterior no quiere decir que otros magistrados del Poder
Judicial del Estado posean los méritos suficientes para ocupar ese alto cargo.